Casi 100.000 personas huyen en las últimas semanas por la violencia en el norte de Mozambique

La intensificación de los ataques y la rápida propagación del conflicto a distritos anteriormente seguros han obligado a huir a cerca de 100.000 personas en las últimas dos semanas en el norte de Mozambique. Las familias narran cómo han tenido que huir, aterrorizadas, mientras grupos armados asaltaban aldeas por la noche, quemaban casas y atacaban a civiles.

Desde que comenzó el conflicto en Cabo Delgado en 2017, más de 1,3 millones de personas se han desplazado por la violencia. Pero 2025 ha marcado un cambio peligroso y es que los ataques ocurren de manera simultánea y se extienden más allá de Cabo Delgado hacia la provincia de Nampula, amenazando a comunidades que acogían a familias desplazadas. A pesar de los esfuerzos de los actores humanitarios y gubernamentales, la respuesta a la magnitud de protección y asistencia requeridas sobre el terreno siguen siendo insuficientes.

En una rueda de prensa celebrada en el Palacio de las Naciones en Ginebra, el representante de ACNUR en Mozambique, Xavier Créach, señaló que el conflicto está alcanzando un punto de quiebre. “Proteger a la población civil, restablecer el acceso a los servicios esenciales e invertir en soluciones a largo plazo son urgentes para evitar más sufrimiento”, afirmó.

La población civil es la principal víctima del conflicto. Se han reportado numerosos casos de asesinatos, secuestros y violencia sexual, mientras las comunidades enfrentan ataques frecuentes que las obligan a huir repetidamente. Las personas que logran escapar relatan que los grupos armados irrumpen en sus aldeas (a menudo durante la noche) incendiando viviendas, atacando a civiles y obligando a las familias a huir con lo puesto. Muchos testimonios describen huidas caóticas, con padres que pierden a sus hijos y familiares mayores que quedan atrás en medio del pánico. Para muchos, es la segunda o tercera vez que se ven desplazados este año.

La violencia se propaga rápidamente, dejando a los civiles con escaso o ningún tiempo de advertencia. Las familias se ven forzadas a caminar durante días para llegar a espacios de acogida improvisados, como escuelas o áreas abiertas en la provincia de Nampula. La mayoría huye sin documentación y sin acceso a servicios esenciales, expuesta constantemente al miedo y a la inseguridad.

La falta de rutas seguras y de apoyo básico incrementa los riesgos de explotación y abusos, especialmente para mujeres y niñas que ese enfrentan a mayores riesgos. Personas mayores y con discapacidad enfrentan enormes dificultades para desplazarse y en ocasiones quedan atrás durante los ataques.

Incluso después de llegar a zonas relativamente más seguras, los riesgos de protección persisten. La llegada masiva de familias ejerce una enorme presión sobre comunidades de acogida ya vulnerables. Escuelas, iglesias y espacios abiertos están saturados, y muchas familias duermen al aire libre. La falta de iluminación y privacidad expone a mujeres y niñas a nuevos riesgos de violencia sexual y de género, mientras que personas mayores y con discapacidad sufren en entornos poco accesibles y no adaptados a sus necesidades.

Los niños llegan exhaustos, traumatizados y debilitados tras días de caminata. Algunos presentan desnutrición y heridas en los pies; muchos llegan solos, sin compañía o separados de sus familias, enfrentándose a entornos desconocidos marcados por el miedo, la incertidumbre y múltiples peligros como reclutamiento forzado y ataques por parte de grupos armados.

A la violencia se suma el impacto devastador del cambio climático en este país. Ciclones repetidos, inundaciones y sequías prolongadas han destruido los medios de vida, elevado los precios de los alimentos y limitado el acceso a servicios básicos, profundizando la inseguridad alimentaria en toda la región.

Foto: © ACNUR/Isadora Zoni.

Después de ocho años de conflicto, la situación en el norte de Mozambique sigue siendo una de las más olvidadas del continente africano. Miles de familias han sido desplazadas repetidamente, sin perspectivas claras de retorno ni condiciones seguras para rehacer sus vidas.

Los equipos humanitarios que trabajan en la zona están priorizando la identificación de las personas con mayores riesgos de protección, apoyando la reunificación familiar y llevando a cabo actividades comunitarias para difundir información esencial y reforzar la seguridad de quienes llegan recientemente. También se han habilitado puntos de atención donde se ofrece apoyo psicosocial, se distribuyen kits de higiene personal femenina y ayudas técnicas para la movilidad de personas con discapacidad, y se brinda orientación a las familias para recuperar la documentación civil perdida, en coordinación con las autoridades locales.

A pesar de estos esfuerzos, la respuesta humanitaria se enfrenta a una falta crítica de recursos en un momento en que las necesidades aumentan cada día. Miles de familias quedan en una situación de incertidumbre, mientras servicios esenciales como la protección, el refugio, el acceso al agua y el saneamiento operan al límite debido al rápido incremento del desplazamiento y a la escasez de fondos disponibles para cierre de año.

El conjunto de actores humanitarios como agencias de la ONU, ONG nacionales e internacionales, instituciones estatales, el sector privado y las propias comunidades, coincide en que la respuesta no podrá mantenerse sin un refuerzo urgente de apoyo financiero.

Ante la expansión del conflicto y el creciente peligro que enfrentan los civiles, ACNUR hace un llamamiento a la comunidad internacional para proteger a las personas obligadas a huir, fortalecer a las comunidades de acogida que ya están desbordadas y evitar un deterioro aún mayor de la situación. Al mismo tiempo, resulta fundamental abordar las causas profundas del conflicto para recuperar la estabilidad y romper el ciclo de violencia y desplazamiento en el norte de Mozambique.

Para responder a las necesidades crecientes en la región, ACNUR prevé requerir 38,2 millones de dólares en 2026. Esta proyección llega en un contexto especialmente preocupante, en el que la financiación para 2025 apenas cubre el 50 % de los 42,7 millones solicitados. Se necesita apoyo urgente para impedir que la crisis continúe agravándose.