Cada 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza en el que se recuerda que acabar con la pobreza va más allá del aspecto económico: es una cuestión de dignidad, justicia y pertenencia.
Este 2025, el foco está en el maltrato social e institucional que sufren quienes viven en la pobreza, especialmente en espacios donde deberían encontrar apoyo, como escuelas, clínicas o servicios sociales o de protección infantil. Madres solteras, comunidades indígenas y otros grupos históricamente discriminados denuncian un trato injusto y deshumanizante, lo que puede debilitar su autoestima y provocar la separación familiar, con profundas consecuencias emocionales y sociales.
Para avanzar, es esencial transformar las instituciones para que pongan a las personas en el centro, fomentando el respeto, la confianza y el apoyo real a las familias vulnerables. Las políticas deben reconocer los esfuerzos que ya hacen los padres en situación de pobreza, reforzar su capacidad de cuidar a sus hijos y construir sistemas que acompañen a las familias en lugar de controlarlas.
Erradicar la pobreza en todas sus formas es el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) establecido por la ONU para 2030. Un reto ambicioso que, además, tiene un impacto directo en otros objetivos clave como Hambre Cero o la Reducción de las Desigualdades.
Pero surge una pregunta inevitable: ¿es realista pensar que podemos acabar con la pobreza en los próximos 11 años, o se trata de una utopía?
Desde el año 2000, la tasa de pobreza global se ha reducido a la mitad, un avance que invita al optimismo. Este progreso demuestra que, con los recursos adecuados y el compromiso político necesario, erradicar la pobreza es posible. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. En los países en desarrollo, una de cada diez personas sigue viviendo por debajo del umbral de pobreza, y muchas apenas lo superan.
Los mayores avances se han registrado en Asia oriental y sudoriental, mientras que en África subsahariana más del 40% de la población continúa en situación de pobreza extrema.
En este contexto, las políticas familiares juegan un papel clave para alcanzar múltiples ODS, especialmente los vinculados con la erradicación de la pobreza, la salud, la educación, la igualdad de género, la inclusión social, el trabajo digno y la construcción de instituciones justas y pacíficas (ODS 16).
Para que estas políticas sean efectivas, deben basarse en la realidad cotidiana de quienes viven en pobreza, y formularse con su participación activa, informada y significativa. Solo así podremos construir un entorno respetuoso y solidario que ayude a las familias a salir de la pobreza, empodere a la infancia y contribuya a una sociedad más justa y equitativa.
Cuando hablamos de pobreza nos referimos a la falta de recursos básicos. Millones de personas se encuentran en una situación de pobreza en el mundo, pero para poder analizar estas situaciones se utilizan términos diferenciados. Es importante conocer la diferencia entre pobreza absoluta y pobreza relativa para comprender en qué situación están las personas refugiadas cuando hablamos de falta de recursos.
La pobreza absoluta o extrema se entiende como la carencia de un nivel de ingreso, gasto o consumo considerado como mínimo para tener una vida decente. Es la falta de recursos básicos necesarios para satisfacer las necesidades mínimas de supervivencia como alimentación adecuada, agua potable, vivienda segura, atención médica esencial, educación básica y ropa. Para medir la pobreza absoluta se ha establecido un nivel de recursos que una persona tiene a su disposición con la cantidad de 2,15 dólares al día.
Por ejemplo, una persona que no puede alimentarse de forma adecuada ni acceder a servicios básicos está en pobreza absoluta, sin importar si vive en un país rico o pobre.
La pobreza relativa se refiere a una situación de desigualdad dentro de un contexto social o económico específico. Es decir, una persona es pobre en términos relativos si sus ingresos o recursos están muy por debajo del promedio de su sociedad, lo que le impide participar plenamente en la vida social, económica y cultural.
Tiene criterios variables, ya que una persona puede ser pobre aun teniendo como ingreso el mínimo establecido en la medición absoluta. Es un concepto que además cambia con los años y que no es solo económico sino también social.
Un ejemplo de esto sería que en un país rico, alguien puede tener vivienda y comida, pero si no puede acceder a Internet, transporte, educación o actividades sociales como el resto de la sociedad, se considera en pobreza relativa.
Las personas desplazadas y refugiadas han tenido que huir de su país dejando atrás sus casas, su trabajo y, muchas veces, gastando sus ahorros en el viaje, por lo que una vez que logran asentarse en un país, parten de cero.
En ocasiones, les resulta complicado encontrar trabajo y todavía más tener propiedades; por eso, en general, cuentan con unos altos niveles de pobreza relativa. Imaginemos, además, que inician una nueva vida en un país nuevo, que puede tener un nivel de vida parecido al suyo o ser completamente diferente, como es el caso de las personas desplazadas que se asientan en Europa. Todos estos factores hacen que la pobreza relativa afecte de forma mucho más clara a los refugiados que han tenido que dejarlo todo y que en ocasiones tienen problemas para integrarse totalmente en su nueva sociedad.
En definitiva, miles de personas refugiadas tienen que empezar de cero con muy pocos recursos y en una sociedad radicalmente distinta a la suya por lo que es normal que les resulte muy complicado adaptarse para poder iniciar una vida digna como la que tenían en su lugar de origen antes de que tuviesen que huir y dejar atrás su vida.
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