Cada día, nos levantamos, despertamos a nuestros hijos, desayunamos, los llevamos al colegio y nos vamos a trabajar. Sin embargo, hay personas se han visto obligadas a dejar sus casas y sus países para salvar sus vidas, y que ya no pueden hacer actos tan cotidianos como estos. La protección internacional ayuda a estas personas y les brinda una oportunidad, un futuro.
El derecho internacional define y protege, de manera específica, a las personas refugiadas.
Se trata de personas que buscan protección en otro país después de haber huido de sus hogares para escapar de persecuciones, conflictos, violencia, violaciones graves de los derechos humanos u otros acontecimientos que alteren gravemente el orden público. Como su país de origen es incapaz o no quiere protegerlas, estas personas necesitan que otro país les brinde protección internacional.
En estos casos, las personas ejercen un derecho humano universal: el derecho a solicitar y disfrutar del asilo.
De acuerdo con el derecho internacional de los refugiados, toda persona que cumple con los criterios incluidos en la Convención de 1951 es una persona refugiada y, por tanto, debe recibir ese trato (incluso si aún está en espera de reconocimiento por parte de los Estados o de ACNUR).
El derecho internacional señala que los Estados tienen obligaciones específicas frente a las personas refugiadas; entre ellas:
Las personas solicitantes de asilo son aquellas que manifiestan la voluntad de pedir protección internacional, o bien que están en espera de que se resuelva su solicitud. Al respecto, los Estados tienen la obligación de garantizar que cualquier persona que se acerque a sus fronteras solicitando asilo tenga acceso al territorio y presente su caso, el cual deberá ser evaluado de manera justa y eficiente. Si bien no se reconocerá la condición de refugiado de todas las personas que soliciten asilo, las solicitudes deben evaluarse de forma justa y eficiente.
Las personas apátridas son aquellas que ningún país reconoce como ciudadanas. Dado que se los niega el derecho a una nacionalidad, con frecuencia no se les permite ir a la escuela ni acceder a servicios básicos, obtener un empleo ni contraer matrimonio. Los informes estadísticos de ACNUR estiman que hay 4,4 millones de personas apátridas. En vista de que la mayoría de los países no proporcionan datos con respecto a la apatridia, se cree que la cifra real es considerablemente más alta.
El objetivo de ACNUR es garantizar el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento del derecho al asilo, incluido el derecho a no ser devuelto a un país donde la supervivencia está amenazada, así como proporcionar alojamiento de emergencia, asistencia humanitaria o el acceso a servicios básicos, en aquellos contextos en lo que los países de acogida no estén en disposición de facilitar este apoyo. ACNUR trabaja también prestando asistencia técnica a los gobiernos, con el objetivo de cumplir con los estándares internacionales en materia de protección internacional, recogidos en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.
La protección no finaliza hasta que las personas refugiadas obtienen una solución duradera, ya sea porque pueden volver a su país de forma segura, se integran en el país de acogida o se produce el reasentamiento en un tercer país de asilo.
El trabajo de proteger a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas requiere de la solidaridad y la implicación de personas como tú.
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