Emergencia en Mozambique

Los ataques armados en el norte de Mozambique se han intensificado, afectando a varios distritos de las provincias de Cabo Delgado y Nampula, y desplazando a más de 200.000 personas desde principios de año. Entre los desplazados recientes se encuentran aproximadamente 52.000 niños.

En 2025 la violencia se ha acelerado drásticamente, con más de 633 incidentes que afectaron a civiles, superando los niveles de 2022, uno de los períodos más intensos del conflicto que vive el país. Además, las familias también se enfrentan a ciclones, inundaciones y sequías prolongadas, lo que agrava la inseguridad alimentaria y limita el acceso a los servicios básicos.

Mozambique no es un país del que se hable mucho pero su población está sufriendo y necesitan ayuda. Por favor, colabora.

Tras las elecciones de octubre de 2024, se desató la violencia en el país. Este 2025, la situación ha seguido empeorando y la violencia ha aumentado drásticamente, con más de 633 incidentes violentos registrados, casi el doble en comparación con 2024. Estos ataques armados en el norte han afectado a varios distritos de las provincias de Cabo Delgado y Nampula, y obligado a desplazarse a más de 200.000 personas desde principios de año. Entre los desplazados recientes se encuentran aproximadamente 52.000 niños. La violencia está generado un clima generalizado de miedo e inestabilidad. Muchos de los nuevos desplazados ya acogían a personas que habían huido previamente, y ahora ellos también se encuentran desarraigados.

Desde que comenzó el conflicto en 2017, más de 1,3 millones de personas han sido desplazadas en Mozambique, que también alberga a más de 25.000 refugiados y solicitantes de asilo. Un tercio de ellos vive en el asentamiento de Maratane, en Nampula, y el resto en zonas urbanas y rurales.

Los riesgos de protección son altos, especialmente para mujeres y niños, en un contexto de separación familiar, traumas, violencia de género y falta de documentación. Los brotes de enfermedades y la inseguridad alimentaria están empeorando, y los niños desplazados se enfrentan a un mayor riesgo de trabajo infantil, matrimonio precoz y reclutamiento.

Foto: © ACNUR / Isadora Zoni.

Estos disturbios empeoran la calamitosa situación en la que ya se encontraba el país por la violencia, la crisis climática y el hambre. Más de 3,3 millones de personas sufren inseguridad alimentaria en todo el país, de las cuales 1,2 se encuentran en Cabo Delgado y Nampula.

Además, Mozambique es uno de los países que más sufren las consecuencias de la crisis climática. Además de la violencia, las familias enfrentan desastres naturales como ciclones, inundaciones y sequías prolongadas, lo que agrava aún más la inseguridad alimentaria y limita el acceso a servicios esenciales. Ejemplo de ello fue la tormenta tropical Filipo que en marzo de 2024 dejó lluvias torrenciales y fuertes vientos en el centro y sur del país y más de 93.000 personas se vieron afectadas. Después llegó el ciclón Chido en diciembre de ese mismo año que tuvo devastadores efectos para la población.

Ahora, la escalada de violencia coincide con la temporada de ciclones de alto riesgo en Mozambique, con pronósticos de hasta 14 tormentas tropicales, incluyendo seis ciclones.

Foto: © ACNUR / Isadora Zoni.

ACNUR está presente en Mozambique desde la década de 1980 y a día de hoy sigue trabajando de manera estrecha con las autoridades locales, socios humanitarios y comunidades de acogida para cubrir las necesidades urgentes de la población. Brinda refugio, protección, alojamiento, acceso a agua pota y ayuda esencial (colchonetas, mantas y utensilios de cocina) a las personas que lo necesitan, especialmente a las más vulnerables como mujeres, menores o que precisan de asistencia específica.

ACNUR y sus socios continúan apoyando a las poblaciones desplazadas y a las comunidades de acogida en el norte del país. Se han establecido puntos de ayuda para identificar a las personas con necesidades específicas, brindar asesoramiento y apoyo en salud mental, distribuir kits de dignidad y dispositivos de movilidad, y ayudar a las familias a reemplazar sus documentos civiles perdidos, en coordinación con las autoridades locales.