La salud de las personas refugiadas en riesgo
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Miles de personas refugiadas y desplazadas huyen cada día buscando seguridad, pero lo que encuentran, en muchas ocasiones, es una lucha constante por acceder a lo más básico: la atención médica. Sin acceso a ella, se enfrentan a enfermedades que podrían evitarse con vacunas y medicinas.
Los actuales recortes en la financiación amenazan la salud de casi 13 millones de personas desplazadas.
ACNUR trabaja de manera incansable para que tengan acceso a la atención primaria, a vacunas y tratamientos, pero necesitan financiación para lograrlo.
El futuro de una persona refugiada depende de un gesto como el tuyo.
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¿Por qué es necesario actuar?
La salud es esencial para todo ser humano, ya que su falta no permite vivir plenamente. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que “… el goce del máximo grado de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”.
Desgraciadamente, para miles de personas refugiadas, la salud no parece formar parte de sus derechos fundamentales, pero, la Convención de Refugiados de 1951, establece que las personas refugiadas deben tener acceso a la misma o similar atención de salud que las poblaciones de acogida.
La realidad es que el estado físico en el que llegan tras su huida, sumado a las nuevas condiciones de vida, la falta de recursos o las barreras lingüísticas, entre otros, hacen que la asistencia sanitaria sea vital en las operaciones de ACNUR, especialmente en el caso de los niños y niñas, que son los más afectados.
Foto: ©ACNUR/Charity Nzomo.
¿Qué hace ACNUR por la salud de la población refugiada?
ACNUR aboga por la inclusión de las personas refugiadas en los sistemas y planes nacionales de salud, proporcionando infraestructura y recursos médicos. Además, realiza campañas de sensibilización con las personas refugiadas para que tengan en cuenta y se hagan responsables de su propia salud y de la del resto de miembros de su familia y comunidad.
Ahora preocupa la falta de financiación que pone en peligro la salud de casi 13 millones de personas desplazadas (incluidos 6,3 millones de niñas y niños), que, según las estimaciones de ACNUR, podrían quedarse sin atención sanitaria. La interrupción en el acceso a servicios esenciales de salud aumentará el riesgo de enfermedades, desnutrición, patologías crónicas no tratadas y problemas de salud mental. Cada día que perdure la incertidumbre financiera, aumentará el impacto en la vida de millones de personas que han huido de su hogar y de las comunidades que les acogen.