Ucrania tras años de conflicto

Después de años de conflicto en el este del país, muchas personas que viven en asentamientos aislados en esta zona están pagando un alto precio psicológico y reciben tratamientos de salud mental proporcionado por ACNUR y su socio Proliska. Según un estudio reciente, casi el 40 % de las personas en Donetsk y Lugansk han sufrido traumas, estrés postraumático, depresión y ansiedad. Hasta la fecha, el conflicto ha afectado a 1,68 millones de personas. Muchos más sufren frío, hambre, dificultades y amenazas de muerte. En total, 3,4 millones necesitan asistencia humanitaria y protección.

Además, por culpa de los bombardeos el área experimenta algunas de las tasas más altas del mundo de contaminación por minas terrestres, generando un impacto negativo en la salud física de las personas que residen en la zona.

Maryna está de pie en el balcón de su bloque de apartamentos en Svitlodarsk, Donetsk. Esta mujer de 56 años, madre de dos hijos, ha sobrevivido al cáncer y ha vivido con su madre a sólo dos kilómetros de la línea del frente. Ha luchado contra el insomnio y la ansiedad debido a la violencia sufrida en Ucrania.

El 30 % de las personas que necesitan ayuda y asistencia para sobrevivir tienen más de 60 años. Este grupo constituye más del 50% de los desplazados internos registrados y el 41% de la población que vive en asentamientos aislados en áreas controladas por el gobierno.

Se trata de un grupo vulnerable que, a menudo, padece enfermedades o sufre algún tipo de limitación o discapacidad, sin un certificado oficial que lo acredite y, por lo tanto, sin ningún tipo de apoyo gubernamental. Muchas viven en zonas aisladas, carecen de medios de subsistencia, tienen dificultades para acceder al sistema sanitario. Algunas no tienen ningún tipo de documentación, están en un limbo legal son apátridas o están en riesgo de sufrir apatridia.

Muchas personas que están postradas en la cama no reciben el pago de sus pensiones desde el comienzo del conflicto debido a que no pueden presentarse en las oficinas gubernamentales para su identificación.

Según un estudio de 2018, de las 4.595 personas mayores encuestadas, casi 800 estaban postradas en cama o inmóviles. De ellas, solo 136 tenían un certificado de discapacidad. Es muy importante que estas personas sean identificadas para poder incluirlas en los planes de respuesta humanitarios.

Durante el mes de mayo, ACNUR y sus socios han prestado acompañamiento social a 384 personas para, entre otras cosas, obtener documentación personal, acceder servicios administrativos y otros servicios esenciales y recibir autorización para cruzar puntos de control. Lo más importante es abordar las necesidades básicas, como el acceso a los alimentos, agua y medicamentos.

Muchas casas han sido destruidas como consecuencia del conflicto. En julio de 2019, como parte de un proyecto piloto de ACNUR y su socio Proliska para reubicar voluntariamente a familias que viven en áreas peligrosas, cientos de personas sin hogar recibieron una vivienda.

En la foto, Alla Ivanovska, de 74 años, se encuentra frente a su casa en Komisarivka, Lugansk, al este de Ucrania. Su techo fue dañado durante los combates de 2014. Más tarde, fue reparado. El pueblo estaba en la línea de fuego a finales de 2017.

El 20 de agosto de 2017, las aldeas de Krasny Yar, Zelena Roscha, Peremozhne, Komisarivka y otras pequeñas aldeas de la zona fueron bombardeadas. Estos pueblos se encuentran en la zona de conflicto. En un programa iniciado en otoño de 2015, ACNUR comenzó a reparar 16 escuelas dañadas por proyectiles y proporcionó materiales de construcción y refugio a 1.500 familias en Lugansk.

Las personas mayores son más vulnerables frente al COVID-19 y tienen mayor propensión a padecer enfermedades cardíacas, diabetes o cáncer. Muchas viven en zonas aisladas en el este de Ucrania, donde es más difícil el acceso a alimento, agua y atención médica. Algunas dependen de la atención domiciliaria y otras viven en residencias para personas mayores donde no se pueden tomar medidas de prevención efectivas, como el distanciamiento social.

En junio, ACNUR y sus socios entregaron artículos básicos no alimentarios en 16 instalaciones médicas a lo largo de la "línea de contacto" en las localidades afectadas por el conflicto en Luhanska oblast. Cada centro de atención médica recibió camas, sábanas, termómetros, respiradores, guantes, jabón y líquido desinfectante. El objetivo es mejorar la capacidad de asistencia de los centros de atención y respuesta a la pandemia de COVID-19 en áreas donde la infraestructura médica se ha debilitado por el conflicto.

En marzo, Ucrania anunció medidas de emergencia en todo el país para detener la propagación del coronavirus COVID-19. Rápidamente empezaron a escasear las mascarillas, particularmente en aldeas aisladas en el este de Ucrania afectado por el conflicto. Los miembros de la comunidad en Chasiv Yar solicitaron el apoyo de ACNUR y Proliska, su socio en terreno, y recibieron máquinas de coser, telas y otros materiales para producir máscarillas, en particular para el personal médico y los trabajadores de atención a lo largo de la línea de contacto en Donetsk y Lugansk.

Olga, una trabajadora comunitaria cose mascarillas en el Centro de Artes para Niños y Jóvenes en la aldea Chasiv Yar, Ucrania. La máquina de coser ha sido donada por ACNUR y la ONG socia Proliska.

El pasado 16 de junio Ucrania aprobó la ley que otorgará la nacionalidad a miles de personas que, hasta el momento, no podían trabajar legalmente, estudiar o acceder a derechos básicos, como la atención médica. Una vez que sean reconocidos como apátridas, podrán obtener la ciudadanía.

Se beneficiarán las personas que hayan residido en Ucrania durante muchos años, pero que, por falta de documentación, no han podido adquirir la ciudadanía. Más de 35.000 personas saldrán del limbo legal en el que se encontraban hasta ahora.

El permiso de residencia temporal otorga la residencia legal de los solicitantes. Después de dos años de residencia continua, durante los cuales disfrutarán de derechos básicos, como libertad de movimiento, acceso al trabajo, educación y atención médica, podrán solicitar la residencia permanente. Después de cinco años de residencia permanente en Ucrania, las personas apátridas son aptas para solicitar la naturalización.

Desde 2013, ACNUR ha abogado por la introducción de un Procedimiento de determinación de la apatridia. Ese año, Ucrania se adhirió a la Convención de 1954 sobre el estatuto de las personas apátridas y a la Convención sobre la reducción de la apatridia de 1961.

Durante los próximos meses, ACNUR ofrecerá al Servicio de Migración del Estado de Ucrania capacitación para el personal clave en las 25 provincias de Ucrania y acceso a asistencia legal gratuita. Además, prestará apoyo a los solicitantes en las etapas iniciales del procedimiento de determinación de la apatridia y buscará crear conciencia entre las personas sobre la posibilidad de solicitar el reconocimiento de su condición.

Hasta el momento, ACNUR solo ha recibido el 25% de los fondos necesarios para cubrir esta emergencia.