El ébola se expande en el este de RDC y pone en riesgo a millones de personas desplazadas en África Central

La rápida expansión del brote de ébola causado por la variante Bundibugyo en el este de República Democrática del Congo (RDC) está generando una creciente preocupación entre las organizaciones humanitarias. El avance de la enfermedad en una región afectada por años de conflicto, desplazamientos masivos y sistemas sanitarios debilitados amenaza a millones de personas refugiadas y desplazadas que viven en condiciones precarias y con acceso limitado a atención médica.

ACNUR ha advertido del elevado riesgo que representa el brote para las poblaciones forzadas a huir de sus hogares y para los países vecinos, donde los continuos movimientos de población podrían favorecer la propagación de la enfermedad más allá de las fronteras de RDC.

Hasta el pasado 25 de agosto, las autoridades del país y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han confirmado más de 5.600 casos y 2.700 muertes en 58 zonas sanitarias de 6 provincias. Mientras tanto, Uganda, hasta el pasado 21 de julio, confirmaba 20 casos y 2 fallecimientos.

Aunque hasta el momento no se han reportado víctimas mortales entre la población refugiada, el riesgo de transmisión sigue siendo alto.

En las provincias afectadas, actualmente viven 4,4 millones de personas desplazadas por la fuerza, incluyendo 3,8 millones de personas desplazadas internas. De ellas, 274.000 son refugiadas y solicitantes de asilo y 290.000 son personas retornadas.

La expansión del ébola coincide con una grave crisis humanitaria en el este de la RDC, donde la violencia armada continúa forzando a miles de personas a abandonar sus hogares.

Durante más de un año, la intensificación de los enfrentamientos ha devastado infraestructuras esenciales, dañado centros de salud y dificultado el acceso de las organizaciones humanitarias a muchas comunidades. Como consecuencia, numerosas personas desplazadas tienen ahora más dificultades para acceder a servicios sanitarios, sistemas de vigilancia epidemiológica y mecanismos de protección.

Esta combinación de conflicto y enfermedad crea un escenario especialmente preocupante. Los desplazamientos constantes de población aumentan las posibilidades de transmisión del virus, mientras que las limitaciones de acceso dificultan la detección temprana y la atención de nuevos casos.

Un ejemplo reciente de esta dinámica se produjo el 7 de junio, cuando alrededor de 2.250 personas huyeron desde Mbau hacia Oicha, en la provincia de Kivu del Norte, después de que los movimientos de los grupos armados provocaran el pánico en la zona. La localidad de destino ya acogía a más de 14.300 personas desplazadas y se encuentra dentro de un área afectada por el brote.

El impacto del ébola resulta especialmente grave para quienes ya han sido obligados a huir de la violencia y viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Muchas familias desplazadas residen en asentamientos improvisados o comunidades con servicios limitados de agua, saneamiento e higiene. La falta de recursos sanitarios y la sobrecarga de las infraestructuras existentes dificultan la prevención y el control de la enfermedad.

La situación es igualmente preocupante en Uganda, uno de los principales países de acogida de la región. El país alberga a más de dos millones de refugiados, mientras que varios centros de recepción y tránsito operan cerca del 190 % de su capacidad.

Ante el avance del brote, las autoridades ugandesas han puesto en marcha medidas de preparación y respuesta que incluyen restricciones a la admisión de solicitantes de asilo procedentes de RDC y Sudán del Sur. Aunque estas medidas buscan proteger la salud pública, ACNUR insiste en que la respuesta sanitaria no debe comprometer el acceso al asilo ni la protección internacional de quienes huyen de conflictos y persecuciones.

Además de los retos sanitarios y logísticos, el brote está alimentando el miedo y la circulación de información falsa o engañosa en comunidades ya afectadas por el trauma, la inseguridad y la escasez de ayuda humanitaria.

La desconfianza hacia las autoridades y los equipos sanitarios puede tener consecuencias directas sobre la capacidad de controlar la enfermedad. Un ejemplo ocurrió el pasado 3 de junio en el asentamiento de desplazados de Kpangba, en la provincia de Ituri, donde dos personas fallecieron por causas relacionadas con el ébola. Tras los fallecimientos, algunos residentes bloquearon temporalmente el acceso a los equipos de respuesta, dificultando las labores de vigilancia y asistencia médica. Para ACNUR, este episodio demuestra cómo la desinformación y la falta de confianza pueden poner en riesgo intervenciones esenciales para salvar vidas.

ACNUR considera que reforzar la comunicación comunitaria es tan importante como fortalecer los servicios sanitarios. Por ello, trabaja con líderes locales y personas refugiadas para difundir información fiable sobre la enfermedad y las medidas de prevención.

Aunque el epicentro del brote se encuentra en RDC, el riesgo de expansión regional es elevado. Las conexiones comerciales, los vínculos familiares y los movimientos constantes de población convierten la zona en un espacio altamente interconectado.

Además de RDC y Uganda, Burundi, Ruanda y Sudán del Sur se encuentran entre los países con mayor riesgo de transmisión. La continuidad de los desplazamientos provocados por la violencia en el este de RDC y en Sudán del Sur aumenta la preocupación por posibles contagios transfronterizos.

ACNUR subraya que el cierre de fronteras no constituye una medida eficaz para contener una epidemia de estas características. Según la organización, las restricciones excesivas pueden empujar a las personas a utilizar rutas irregulares y pasos no controlados, dificultando aún más las labores de vigilancia sanitaria.

En su lugar, la agencia apuesta por reforzar los sistemas de detección, evaluación, aislamiento y derivación médica, garantizando al mismo tiempo el derecho de las personas refugiadas a solicitar protección internacional.

Ante el aumento acelerado de los casos, ACNUR trabaja junto a gobiernos, autoridades sanitarias, la Organización Mundial de la Salud y otros socios humanitarios para ampliar las medidas de prevención y respuesta.

En áreas de alto riesgo como Bunia, la organización respalda los planes nacionales liderados por las autoridades. Durante las últimas semanas, ha facilitado la formación de más de 100 líderes comunitarios en prevención del ébola, capacitándolos para transmitir mensajes de salud pública en lenguas locales y a través de canales de confianza para las comunidades.

En la provincia de Ituri, cerca de la frontera con Sudán del Sur, personas refugiadas previamente formadas están colaborando en la instalación de estaciones de lavado de manos con agua clorada tanto en aldeas de acogida como en áreas donde residen comunidades desplazadas.

Foto: © ACNUR/Fabrice Mbonankira.

Asimismo, ACNUR trabaja para garantizar que las personas refugiadas y desplazadas queden plenamente incluidas en los sistemas nacionales de salud y protección, prestando especial atención a mujeres y niñas, que suelen enfrentar riesgos adicionales durante las emergencias sanitarias.

La organización también está reforzando las actividades de vigilancia epidemiológica, los controles sanitarios en zonas fronterizas y las infraestructuras de agua, saneamiento e higiene en comunidades de acogida y asentamientos de población desplazada.

Ante la magnitud de la emergencia, ACNUR ha solicitado 14 millones de dólares para financiar su plan de preparación y respuesta al ébola entre julio y noviembre en RDC, Uganda, Burundi, Ruanda y Sudán del Sur.

Los fondos permitirían fortalecer los sistemas de salud y saneamiento, apoyar al personal de primera línea, ampliar la capacidad de aislamiento y derivación de pacientes y garantizar que las personas desplazadas no queden excluidas de la respuesta sanitaria.

Para ACNUR, actuar con rapidez es fundamental para evitar que el brote continúe expandiéndose en una región donde millones de personas ya enfrentan las consecuencias combinadas del conflicto, el desplazamiento y la fragilidad de los servicios básicos. El desafío no solo consiste en contener la enfermedad, sino también en asegurar que quienes se han visto obligados a huir puedan acceder a la protección y la atención que necesitan para salvar sus vidas.