Cuando el desastre golpea dos veces: ACNUR acompaña a las comunidades más vulnerables en Colombia

Diez días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto y que afectó a 15 departamentos y 472 municipios, la emergencia humanitaria sigue evolucionando y mantiene en alerta a las autoridades nacionales, organismos internacionales y organizaciones humanitarias.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, hasta el 17 de agosto se habían registrado 183 réplicas, de las cuales 15 superaron una magnitud de 3 y dos alcanzaron una magnitud superior a 4. Todas estas réplicas se localizaron en San José del Palmar, la zona más afectada por la emergencia.

La magnitud del desastre ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones y ha agravado las condiciones de vulnerabilidad de miles de personas que ya enfrentaban situaciones complejas derivadas del conflicto armado, el desplazamiento forzado y la inseguridad.

La situación también se ve agravada por otras amenazas ambientales presentes en el país. Los incendios forestales registrados en Cali y Nariño, así como la alerta por actividad volcánica en el departamento del Cauca, añaden nuevos riesgos para las poblaciones afectadas y complican las tareas de respuesta y recuperación.

Las autoridades gubernamentales, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cifran en más de 272.000 las personas afectadas. Entre ellas se encuentran personas heridas, desaparecidas y familias cuyas viviendas quedaron destruidas o gravemente dañadas. El número de personas que ha perdido la vida asciende a 319 mientras que se contabilizan en más de 4.400 las personas que han resultado heridas.

Los impactos del terremoto se han extendido desde el occidente hacia el centro, norte y sur del país. El terremoto ha destruido más de 30.000 viviendas y se cifra en más de 160.000 las viviendas que han quedado dañadas. Además de los daños en viviendas y edificaciones públicas, se reportan afectaciones a infraestructuras esenciales, interrupciones en los servicios básicos y desplazamientos de familias que han debido abandonar sus hogares debido al riesgo de colapso de las estructuras.

La cifra total de personas afectadas podría continuar aumentando a medida que se completan las evaluaciones en comunidades rurales y áreas de difícil acceso.

Casas dañadas en la zona de Quibdó. Foto: © ACNUR/Yasmín Gamboa.

Frente a esta emergencia, el Gobierno colombiano activó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para coordinar la asistencia humanitaria, restablecer servicios esenciales y apoyar a las familias damnificadas. Paralelamente, las agencias de Naciones Unidas, organizaciones humanitarias y el sector privado han intensificado sus esfuerzos para complementar la respuesta estatal.

ACNUR ha estado dando apoyo desde las primeras horas posteriores al terremoto. Sus equipos ubicados en Cali, Buenaventura y Quibdó comenzaron inmediatamente labores de evaluación, coordinación y asistencia junto a las autoridades nacionales y locales, bajo la coordinación de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).

Aunque el terremoto afectó a más de 400 municipios, ACNUR cuenta con presencia operativa o programas activos en 51 de ellos, incluidos territorios de Chocó, Valle del Cauca y Antioquia. Esta red previa de trabajo en terreno ha permitido a la organización llegar con rapidez a comunidades remotas y de difícil acceso, muchas de ellas ya golpeadas por la violencia y el desplazamiento forzado.

Como parte de la respuesta de emergencia, ACNUR ha iniciado la distribución de ayuda humanitaria esencial, entre los que se incluyen materiales de alojamiento temporal para familias refugiadas, lámparas solares para hacer frente a los prolongados cortes de energía y más de 19.700 kits de higiene destinados a las poblaciones afectadas.

La emergencia ha tenido un impacto especialmente severo sobre comunidades que ya enfrentaban altos niveles de vulnerabilidad antes del terremoto. En Colombia, el conflicto armado y la inseguridad han provocado durante años importantes necesidades humanitarias.

Actualmente, el país alberga a cerca de 7,1 millones de personas desplazadas internamente por la violencia, además de aproximadamente 2,8 millones de venezolanos que requieren protección internacional, junto con refugiados y solicitantes de asilo de otras nacionalidades.

En este contexto, ACNUR ha orientado gran parte de su intervención hacia las comunidades donde ya desarrollaba acciones de protección y asistencia. La respuesta se concentra en personas desplazadas, refugiadas, comunidades indígenas, poblaciones afrocolombianas y comunidades de acogida que ahora enfrentan una nueva crisis derivada del terremoto.

La organización trabaja no solo para cubrir necesidades inmediatas como alojamiento, agua, iluminación y artículos de primera necesidad, sino también para reducir riesgos de protección que suelen aumentar tras los desastres naturales. Entre ellos se encuentran la separación familiar, la violencia de género, la pérdida de documentos de identidad y las dificultades para acceder a servicios públicos y programas de apoyo gubernamental.

Uno de los ejemplos más visibles de esta asistencia se encuentra en el departamento del Chocó, donde ACNUR presta apoyo a la comunidad indígena Emberá Chamí que reside en el asentamiento de Brisas de Samper. Esta población ha sufrido históricamente desplazamientos forzados a causa del conflicto armado y ahora enfrenta las consecuencias del terremoto. La combinación de pobreza, aislamiento geográfico y antecedentes de desplazamiento convierte a estas familias en uno de los grupos más expuestos a los efectos de la emergencia.

ACNUR continúa trabajando de manera coordinada con las autoridades locales para ampliar la asistencia a otras comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas por la emergencia en todo el departamento del Chocó.

Fotos: © ACNUR/Ismael Enciso y © ACNUR/Ismael Montealegre.

A medida que avanzan las evaluaciones y se conocen nuevos daños, las autoridades y organizaciones humanitarias coinciden en que la recuperación requerirá esfuerzos sostenidos durante los próximos meses.

La combinación de un desastre natural de gran intensidad con las necesidades preexistentes derivadas del conflicto armado y el desplazamiento forzado plantea desafíos significativos para la respuesta humanitaria en Colombia. La atención a las comunidades indígenas, afrocolombianas, desplazadas y refugiadas será una de las prioridades para garantizar que la ayuda llegue a quienes enfrentan mayores riesgos.

En este contexto, ACNUR ha reiterado su compromiso de seguir proporcionando protección, asistencia y apoyo a las personas afectadas por el terremoto, reforzando las acciones de emergencia y acompañando a las comunidades más vulnerables en su proceso de recuperación.