En la Cumbre Humanitaria Mundial celebrada en mayo de 2016 se asumieron compromisos de gran alcance, entre ellos el ambicioso objetivo de reducir en un 50% el número de personas en situación de desplazamiento prolongado o nuevo para el año 2030.
Al haber más personas desplazadas y menos capaces de regresar, un número cada vez mayor se encuentra en situaciones de desplazamiento prolongado y duradero. Se estima que unos 15,7 millones de refugiados (77%) se encontraban en situación prolongada a finales de 2019.
En 2019, ACNUR y sus socios pusieron en marcha la Estrategia trienal sobre reasentamiento y vías complementarias, que prevé el reasentamiento de 1 millón de refugiados y la admisión de otros 2 millones a través de la reunificación familiar o los planes de movilidad laboral para 2028.
Para que la Estrategia tenga éxito es necesario que los estados ofrezcan más alternativas para las personas desplazadas a la fuerza para que reconstruyan sus vidas.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su compromiso de no dejar a nadie atrás constituyen una buena base para incluir a los desplazados internos en la planificación del desarrollo económico.
En 2019, ACNUR publicó una política revisada sobre desplazados internos en la que se comprometía de nuevo a ser un actor fiable y eficaz en las situaciones de desplazamiento interno.
Durante la próxima década, ACNUR continuará apoyando a los gobiernos nacionales para adoptar políticas inclusivas que integren mejor a las personas desplazadas en la sociedad y en las redes de seguridad social; reconocerlos como activos y contribuyentes socioeconómicos y fortalecer las leyes que garantizan su protección y los derechos humanos.
La integración local de los refugiados puede incluir el reconocimiento de un estatus legal y la naturalización. Es un proceso dinámico y bidireccional. Los refugiados deben estar preparados para adaptarse a su nuevo país, mientras que las comunidades de acogida y las instituciones públicas que acogen a los refugiados deben esforzarse por satisfacer las necesidades de una población diversa.
En la foto, un refugiado somalí recolecta cebollas en Melkadida, Etiopía. Más de 142.000 refugiados somalíes viven en campamentos y asentamientos con la comunidad de acogida al sur de Etiopía, una región árida que limita con Somalia.
ACNUR y la Fundación IKEA han construido 20.000 metros de canales de riego para llevar a agua a las 1.000 hectáreas de tierra en donde muchos refugiados y personas de la comunidad etíope de acogida están organizados en cooperativas y tienen sus cultivos.
ACNUR seguirá trabajando para atender las necesidades de los refugiados y de las comunidades de acogida. El objetivo es que sean resilientes y autosuficientes. En el futuro, seguirá promoviendo que los refugiados tengan un papel activo en las decisiones que afectan a sus vidas y a sus comunidades.
La pandemia de COVID-19 está demostrando cómo los sucesos inesperados pueden afectar las predicciones de desplazamiento forzado. La crisis sanitaria ha tenido, y sigue teniendo, un impacto social y económico mundial sin precedentes que también influye en el proceso de asilo.
Por ejemplo, el número de solicitudes de asilo registradas en la Unión Europea en marzo de 2020 se redujo en un 43% respecto a febrero, debido a que los sistemas de asilo se ralentizaron o se detuvieron con los cierres de fronteras. En otras partes del mundo, el registro de refugiados también disminuyó considerablemente.
En la foto, personal de ACNUR toma la temperatura a una mujer congoleña solicitante de asilo como parte de las medidas de seguridad de COVID-19 en el cruce fronterizo en Zombo, en Uganda.
Durante este mes de julio, ACNUR, el Gobierno de Uganda y sus socios han organizado una operación de emergencia en el distrito de Zombo para recibir a miles de solicitantes de asilo atrapados en tierra de nadie entre Uganda y la República Democrática del Congo (RDC) desde finales de mayo.
Los puntos fronterizos de Guladjo y Mount Zeu se han abierto durante tres días para recibir a las personas que se encuentran entre los 45.000 desplazados por la violencia en el este de la RDC. Al igual que muchos países, Uganda cerró sus fronteras en marzo para contener la propagación de COVID-19. A su llegada a la frontera, todos los solicitantes de asilo se sometieron a controles de seguridad y salud. Se identificaron personas vulnerables y se las aceleró para recibir asistencia.
Es muy difícil predecir el desplazamiento forzado mundial. Teniendo en cuenta la trayectoria de los desplazamientos en los años 90 y 2000, pocas personas podrían haber predicho el rápido crecimiento del número de personas desplazadas que hemos visto en la última década.
Desde mediados de la década de los 90 hasta alrededor de 2010, el número de personas desplazadas permaneció relativamente estable porque muchas de ellas acabaron siendo repatriadas, construyendo hogares permanentes en sus comunidades de acogida o siendo reasentadas en terceros países.
Entre 2000 y 2009, el número de desplazados osciló entre 37 y 42 millones. En la última década se ha producido un cambio de paradigma. Un mayor número de personas ha buscado refugio, pero los desplazados tuvieron menos opciones para reconstruir sus vidas.
Independientemente de cuáles sean las predicciones sobre el desplazamiento futuro, debemos invertir la tendencia actual y reabrir vías para que los desplazados forzosos reconstruyan sus vidas, ya sea en sus países de origen, en terceros países o en sus comunidades de acogida.
La protección de los refugiados es un elemento esencial del mandato de ACNUR. Esto incluye ofrecer seguridad a los refugiados para que no se vean obligados a regresar a situaciones peligrosas, facilitarles el acceso a procedimientos de asilo justos y eficaces y garantizar la protección de sus derechos humanos básicos. El objetivo es proporcionar a la población refugiada una solución a largo plazo para un futuro seguro.
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