Ómicron y refugiados: la vacunación es prioridad

La llegada de la cepa Ómicron ha generado una nueva ola masiva del virus de la COVID-19 en la mayor parte del planeta. Pero gracias a que existe una gran cantidad de población vacunada, la nueva cepa llegó con síntomas leves aunque generó que mucha gente se relajara y la restara importancia. Por eso la Organización Mundial de la Salud advierte que no hay que bajar la guardia e insta a los países a dar prioridad a las campañas de vacunación para llegar al máximo posible de personas vacunadas.

El epidemiólogo Abdi Mahamud, jefe de la oficina de gestión de incidentes de la OMS, ratifica la importancia de las vacunas ante esta nueva variante: “Lo que hemos visto es una desconexión entre los casos y las muertes. Hay un pronunciado aumento de los casos y las muertes permanecen bajas”, dice Mahamud.

Más de un millón de personas ya han recibido al menos una dosis de la vacuna en Mauritania, mientras que el número total de personas vacunadas en Yemen se duplicó a 600.000 durante noviembre. En Jordania, el 53 por ciento de la población de mayores de 12 años en campos de refugiados ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. En Irán, Tailandia, Myanmar e Indonesia también se ha avanzado de manera considerable en planes de vacunación, así como también en países africanos como Ghana, Liberia, Namibia, Zimbawe y Costa de Marfil.

En Europa, se ha avanzado con los planes de vacunación en los centros de recepción en Bulgaria, Croacia, Chipre, Italia, Rumania, Serbia y Bosnia y Herzegovina, todos países en los que ha aumentado la demanda de vacunas por parte de la población. Después de una caída constante, en América del Norte y del Sur se ha registrado en las últimas semanas un repunte de nuevas infecciones por COVID-19, sobre todo en Ecuador y Paraguay que dieron el salto más grande en la región. Alrededor del 51 por ciento de la población de América Latina y el Caribe ha sido vacunada con dos dosis.

COVID-19 y los refugiados con discapacidad

Entre todos los problemas que ha agravado la llegada de la pandemia, el de las personas con discapacidad desplazadas por la fuerza es uno de los más acentuados. Hay al menos 12 millones de personas en esta situación y la precariedad en la que viven se ha vuelto mucho más pronunciada a medida que avanza la pandemia de COVID-19.

“El desplazamiento forzado afecta de manera desproporcionada a las personas con discapacidad. A menudo corren un mayor riesgo de violencia, discriminación, abandono, violencia de género, explotación y abuso, enfrentan barreras para acceder a los servicios básicos y, a menudo, están excluidos de la educación y las oportunidades de subsistencia”, dice Gillian Triggs, Alta Comisionada Asistente para la Protección de ACNUR, quien, además, manifiesta su temor de “que la prolongada pandemia de COVID-19 solo profundice las desigualdades y las dificultades”.

Muchos refugios, servicios e instalaciones tienen barreras y obstáculos que son infranqueables para las personas con discapacidad. Esto se suma a que los refugiados y las personas con discapacidad desplazadas internamente y apátridas cuentan con menos posibilidades de acceso a atención médica, educación y oportunidades de empleo, algo que se agravó en esta crisis mundial por la COVID-19.

Hasta el momento, hay 134 países de acogida de refugiados que han informado de transmisión local de COVID-19. “Si alguna vez hemos necesitado recordar que vivimos en un mundo interconectado, el nuevo coronavirus lo ha hecho”, dice el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, reflejando lo que sigue sucediendo en todo el mundo en relación con la pandemia: todos los seres humanos somos vulnerables ante esta amenaza y la solución será, necesariamente, colectiva.