Emergencia en República Democrática del Congo

A pesar de los esfuerzos de mediación en curso, los combates continúan en algunas zonas del este del país y áreas circundantes, con informes persistentes de muertes de civiles, secuestros y otras violaciones de los derechos humanos.

Desde diciembre de 2025, aproximadamente 238.800 refugiados congoleños han huido a países vecinos, y Burundi acoge a cerca de la mitad.

Las familias huyen traumatizadas, con cicatrices físicas y psicológicas, y muchas denuncian haber sufrido abusos —incluidos sexuales— durante su huida.

A la violencia se suman otros problemas graves: la inseguridad alimentaria aguda y los brotes de cólera en comunidades desplazadas, agravados por la escasez de suministros médicos y desabastecimiento en los centros de salud.

La situación es devastadora. Puede que República Democrática del Congo no sea un conflicto tan visible, pero su población necesita ayuda urgente.

Para comprender el contexto de la RDC hay que explicar que es un país que lleva décadas de conflictos que han arrastrado a la población a una situación de vulnerabilidad y necesidad de asistencia humanitaria.

A lo largo del 2025, la inseguridad en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur aumentó significativamente debido al avance del grupo armado M23, que tomó el control de varias ciudades clave como Goma, Bukavu y Walikale, provocando masivos desplazamientos de población hacia zonas más seguras e incluso hacia países vecinos como Burundi y Ruanda. Además del conflicto armado, el país sufrió graves desastres naturales, incluyendo inundaciones en Kinshasa y en el territorio de Fizi, que causaron cientos de muertes y destruyeron miles de viviendas.

En julio, se firmó en Doha un acuerdo preliminar de principios entre el Gobierno y el M23, considerado un paso hacia la reconciliación. Sin embargo, pese a este avance, en los meses siguientes continuaron los combates, los ataques contra civiles y el desplazamiento masivo de personas. Hacia diciembre, la violencia volvió a intensificarse con ataques con drones y bombardeos, lo que restringió el acceso humanitario y generó una nueva ola de más de 100.000 desplazados hacia países vecinos.

En 2026 los enfrentamientos y la violencia continúan en el este del país, a pesar del acuerdo de alto el fuego vigente desde el 18 de febrero, entre el Gobierno de RDC y la Alianza Fleuve Congo (AFC)/Movimiento 23 de Marzo (M23). Los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas también han alertado sobre la violencia sexual relacionada con el conflicto, advirtiendo que el uso sistemático de la violación como arma de guerra está creando una generación de niños que enfrentarán un estigma a largo plazo.

Desde diciembre de 2025, más de 238.800 personas han huido a países vecinos, y más de la mitad ha buscado refugio en Burundi. La situación sigue siendo crítica en el campamento de Busuma (Burundi), que alberga a 66.727 refugiados. Allí las necesidades de protección son graves y siguen superando la capacidad de respuesta en materia de protección, alojamiento, salud, agua y servicios básicos. La capacidad de los servicios de salud se ve mermada por la escasez de personal, medicamentos y equipos. Solo el 38 % de los refugiados tiene alojamiento, y la disponibilidad de agua se redujo a 5,19 litros por persona al día, muy por debajo de los estándares de emergencia humanitaria de 15 litros.

La inestabilidad en la región dificulta las operaciones humanitarias, pero ACNUR y sus socios continúan trabajando para proteger a las comunidades desplazadas. Se realizan acciones como la formación de líderes comunitarios para promover la convivencia pacífica, la identificación de casos de violencia sexual y protección infantil, y el apoyo médico y psicosocial a las víctimas. También se avanza en el registro civil y la entrega de asistencia en efectivo a desplazados internos.

En Burundi y Uganda, los refugiados congoleños son trasladados a los campos, aunque persisten necesidades urgentes de agua, saneamiento, alojamiento y educación. En Burundi, la llegada masiva de personas ha desbordado la capacidad del campo de Busuma, que además enfrenta un brote de cólera, agravado por la falta de agua potable y suministros médicos. Este campo alberga a unos 66.000 refugiados congoleños (el 59% eran niños y el 52% mujeres y niñas9 reubicados desde diversas zonas fronterizas. Allí, ACNUR y sus socios han instalado depósitos de agua y construido más de 2.000 letrinas y 1.000 duchas de emergencia, pero la cobertura de saneamiento sigue siendo insuficiente.

ACNUR también ha comenzado a distribuir asistencia financiera a más de 46.000 refugiados, junto con artículos esenciales como lonas impermeables, utensilios de cocina, mosquiteras mantas y bidones. Aunque han proporcionado refugios a las personas recién reubicadas, miles todavía siguen sin alojamiento adecuado, lo que deja a las familias expuestas a duras condiciones.