Tras una tregua en la segunda mitad del año pasado, que mejoró las condiciones de seguridad para la población del norte de la provincia, los nuevos ataques contra civiles registrados en las últimas semanas en las zonas de Dungu, Faradje, Watsa, Niangara, Bondo y Ango, están obligando a 3.000 personas a huir.
Ha habido 20 nuevos ataques desde comienzos de este año. Una persona fue asesinada y 17 fueron secuestradas durante estos violentos incidentes. Los civiles secuestrados son utilizados a menudo como porteadores, mientras que las mujeres jóvenes han sido obligadas a ejercer de esclavas sexuales por el LRA.
Los ataques más recientes tuvieron lugar en la aldea de Bagulupa, a 55 kilómetros al este de Dungu. La aldea fue atacada el 10 de febrero y el 24, obligando a muchos de sus habitantes a huir a pie hacia Dungu, la principal ciudad del distrito de Haut Uele.
Muchas de estas personas se han trasldado a Dungu y a asentamientos de la zona para personas desplazadas internas (IDPs por sus siglas en inglés). Según la información recopilada por el equipo de ACNUR en el terreno, muchos de los recién llegados ya habían sido desplazados antes por otros ataques del LRA. Otros civiles podrían estar desplazados en zonas a las que no tienen acceso las agencias humanitarias debido a la inseguridad y a las malas condiciones de los caminos.
La situación humanitaria de los desplazados es dura. Los desplazados internos recién llegados a Dungo o sus alrededores duermen en asentamientos improvisados. Carecen de agua potable y de instalaciones con el saneamiento necesario. La situación de aquellos que huyeron a zonas remotas es seguramente aún peor.
Para aliviar el sufrimiento de estas personas, ACNUR ha distribuido recientemente materiales básicos de emergencia como lonas de plástico, esteras para dormir, mantas, mosquiteras y utensilios de cocina a unos 200 nuevos desplazados. El Programa Mundial de Alimentos distribuyó alimentos, y algunas ONG ofrecieron asistencia médica y herramientas para cultivar. Pero se necesita más ayuda.
ACNUR apoya a las autoridades locales y tradicionales para ayudar a las comunidades desplazadas y prevenir futuros desplazamientos. A su vez, está trabajando en coordinación con los equipos de paz para reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en las zonas afectadas.
Entre 2006 y 2011 se registraron un total de 831 ataques contra civiles en la parte norte de la provincia de Orientale. La gran mayoría fueron atribuidos al LRA. Se sabe que más de 2.000 personas fueron asesinadas y 2.832 secuestradas, entre ellas 1.109 niños.
Desde 2008 la actividad del LRA en la provincial ha provocado el desplazamiento forzoso de 320.000 personas. Durante el mismo periodo, 30.000 refugiados congoleños huyeron a la República Centroafricana y a Sudán del Sur.