Del 9 al 20 de noviembre se celebra en Antalya (Turquía) la COP31, la 31º edición de la cumbre del clima, que reunirá a gobiernos, empresas, inversores, sociedad civil y organismos internacionales para impulsar soluciones concretas frente a la crisis climática. Tras años de compromisos y negociaciones, la edición de 2026 pone el foco en la ejecución, la financiación y la implementación de medidas capaces de mantener vivo el objetivo de 1,5 °C.
Las COP son las Conferencias de las Partes de los países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se reúne cada año, salvo que las Partes decidan lo contrario y la primera tuvo lugar en marzo de 1995 en Berlín.
La COP21 se celebró en París en 2015 y ahí se adoptó el llamado Acuerdo de París y las conferencias posteriores han girado en torno a él. El objetivo era claro: detener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y en la medida de lo posible, que no rebasase los 1,5. Este era el límite que establece la ciencia para evitar los efectos más catastróficos. Ahora el planeta está en un calentamiento de 1,2 grados.
La celebración de la COP31 en Turquía, uno de los países que más población refugiada acoge en el mundo, supone una oportunidad importante para situar el desplazamiento y las necesidades de las comunidades de acogida en el centro de la acción climática mundial.
Mientras los líderes mundiales debaten en Antalya cómo acelerar la acción climática, ACNUR ha alertado de que millones de personas refugiadas y desplazadas están soportando de forma desproporcionada las consecuencias de una crisis que apenas han contribuido a generar.
Según ACNUR, cerca de 90 millones de personas desplazadas por la fuerza, lo que equivale a tres de cada cuatro desplazadas en todo el mundo, viven en la actualidad en países especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático. Inundaciones, sequías prolongadas y episodios de calor extremo amenazan a comunidades que, en muchos casos, ya se habían visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de conflictos, violencia o persecución. Hoy, estas personas afrontan una nueva crisis en contextos marcados por la escasez de recursos y una capacidad cada vez más limitada para adaptarse a un clima cada vez más adverso.
La organización advierte además de que el cambio climático está dificultando las posibilidades de encontrar soluciones duraderas para quienes se han visto obligados a huir. En numerosos países afectados por desplazamientos, la degradación ambiental, la escasez de agua o los fenómenos meteorológicos extremos están poniendo en riesgo la recuperación de las comunidades y la sostenibilidad de los retornos.
Antón Leis García, Alto Comisionado Adjunto de ACNUR para Operaciones afirma: “Las personas refugiadas sufren una doble injusticia. Se han visto obligadas a huir de conflictos que no han provocado y ahora están en primera línea de una crisis climática a la que apenas han contribuido”.
“Para millones de personas, el cambio climático no es una amenaza lejana. Está destruyendo sus refugios, socavando sus medios de vida y poniendo en peligro sus esperanzas de reconstruir sus vidas. No podemos permitir que quienes ya lo han perdido casi todo queden al margen de la acción climática mundial”.
Antón Leis García, Alto Comisionado Adjunto de ACNUR para Operaciones.
La magnitud de la relación entre cambio climático y desplazamiento forzado queda reflejada en algunos datos especialmente preocupantes. Cerca de 90 millones de personas desplazadas, el equivalente a tres de cada cuatro en todo el mundo, viven en países expuestos a amenazas climáticas severas. Además, más de dos tercios de quienes regresaron a sus hogares durante la primera mitad de 2026 lo hicieron en contextos altamente vulnerables al cambio climático, lo que compromete la estabilidad de esos retornos.
Las previsiones tampoco son alentadoras. De aquí a 2050, algunos asentamientos de personas refugiadas en países como Etiopía podrían sufrir más de 200 días al año de calor peligroso para la salud y que amenazan los medios de vida de las personas desplazadas y su capacidad de permanecer en lugares donde han encontrado protección.
Mientras que los desastres meteorológicos ya han provocado 255 millones de desplazamientos internos en la última década, una media cercana a 70.000 movimientos cada día.
En África Oriental las previsiones apuntan a graves inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño que podría provocar el desplazamiento de hasta tres millones de personas en Somalia, Kenia, Sudán del Sur y Uganda antes de finales de 2026, en función de cómo evolucionen las condiciones.
Sin embargo, pese a que las poblaciones más vulnerables se encuentran en primera línea de la emergencia climática, los países afectados por conflictos y fragilidad apenas reciben el 10 % de la financiación climática mundial.
Otro dato importante es que cerca del 90 % de los 4,7 millones de personas apátridas registradas en el mundo viven en países con una exposición alta o extrema a amenazas climáticas. Estas personas no tienen reconocimiento jurídico por lo que muchas de ellas tienen dificultades para acceder a la ayuda en caso de desastres y a los recursos necesarios para adaptarse, lo que las hace muy vulnerables.
ACNUR destaca que las comunidades refugiadas y de acogida ya están desarrollando respuestas innovadoras para hacer frente a los efectos del cambio climático. Desde sistemas de abastecimiento de agua alimentados por energía solar en la región del Sahel hasta proyectos de agricultura adaptada al clima en Uganda o iniciativas de restauración de ecosistemas en Colombia, estas experiencias demuestran el potencial de las soluciones impulsadas desde el ámbito local.
Con motivo de la COP31, la organización pedirá que las personas refugiadas y desplazadas sean incluidas de forma efectiva en los planes climáticos nacionales, así como en los mecanismos internacionales de financiación para la adaptación y la resiliencia.
“Las personas refugiadas están en primera línea de la crisis climática, pero también forman parte de la solución”, afirma Antón Leis García. “La COP31 debe marcar un punto de inflexión, reconocer su capacidad de liderazgo y traducir los compromisos ambiciosos en inversiones concretas que lleguen a quienes corren mayores riesgos. Las decisiones que se adopten en esta conferencia deben traducirse en una protección duradera, una mayor resiliencia y un futuro más seguro para millones de personas obligadas a huir”.
Uno de los principales mensajes que ACNUR llevará a la COP31 es la necesidad de que la financiación climática llegue a las poblaciones más vulnerables. La agencia denuncia que los países afectados por conflictos y crisis prolongadas, que albergan a gran parte de la población refugiada mundial, continúan recibiendo una parte muy reducida (10% de la financiación climática mundial) de los fondos destinados a combatir y adaptarse al cambio climático.
La organización pedirá a las gobiernos e instituciones de financiación climática una mayor inversión en resiliencia, adaptación y medios de vida sostenibles, especialmente en las zonas de acogida y retorno, para evitar nuevos desplazamientos y mejorar las oportunidades de recuperación de las comunidades afectadas. Es importante que se dejen atrás las respuestas basadas exclusivamente en ayuda humanitaria a corto plazo para apostar por soluciones más a largo plazo.
Tal y como señala Antón Leis García: “Necesitamos que la financiación climática llegue a las comunidades con mayores necesidades. Invertir hoy en resiliencia, medios de vida y soluciones sostenibles puede ayudar a evitar nuevos desplazamientos mañana. Las personas refugiadas y las comunidades que las acogen deben estar incluidas en estas inversiones desde el principio, no ser una consideración de última hora”.
“La adaptación al cambio climático en contextos de fragilidad y desplazamiento es una cuestión de supervivencia”.
Antón Leis García, Alto Comisionado Adjunto de ACNUR para Operaciones.