ACNUR alerta de la falta de financiación: 8,3 millones de personas en riesgo de perder asistencia

Los continuos y severos recortes de financiación están llevando al límite los sistemas de protección y asistencia para personas refugiadas y desplazadas en algunas de las principales crisis humanitarias del mundo. Así lo advierte ACNUR, que alerta de que millones de personas podrían quedarse sin acceso a programas esenciales, lo que les deja sin la asistencia que necesitan para estar a salvo.

Según el informe Protección erosionada: el coste humano de la falta de financiación, publicado por la organización, cerca de 8,3 millones de personas refugiadas, desplazadas por la fuerza y apátridas están en riesgo de perder acceso a ayuda vital debido a la reducción de fondos destinados a programas de protección.

La situación financiera de ACNUR se ha deteriorado significativamente en los últimos años. La financiación disponible pasó de 5.200 millones de dólares en 2024 a 3.900 millones en 2025. Además, a finales de julio de 2026, la agencia solo había recibido el 32 % de los 8.500 millones de dólares necesarios para atender las necesidades previstas para este año, a pesar de que el número de personas bajo su mandato continúa situándose en niveles históricamente elevados.

Dominique Hyde, directora de Relaciones Externas de ACNUR, advirtió de las consecuencias que estos recortes tienen sobre la población refugiada y desplazada. “Cuando faltan los recursos para registrar y documentar a las personas refugiadas, cuando cierran los espacios seguros o desaparecen los servicios de protección para la infancia, aumentan los riesgos a los que vuelven a estar expuestas estas personas: violencia, explotación y abusos”, señaló Hyde. De esta manera, las familias quedan en una situación de mayor vulnerabilidad, algunas se ven obligadas a desplazarse de nuevo en busca de seguridad y otras pueden acabar siendo víctimas de redes de trata.

La responsable destacó además que la protección humanitaria tiene un límite por debajo del cual los sistemas dejan de funcionar. “La protección no puede recortarse indefinidamente sin poner en riesgo el funcionamiento de los sistemas que la garantizan. A partir de un determinado nivel de financiación, los servicios no se limitan a llegar a menos personas: pueden dejar de funcionar por completo. Y cuando esto ocurre, son precisamente las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad quienes se quedan sin la protección que necesitan”, afirmó.

Las consecuencias ya son visibles en múltiples contextos. En Chad, alrededor de 319.000 personas refugiadas se enfrentan a retrasos en sus procesos de registro, lo que dificulta su acceso a documentación y servicios básicos y aumenta el riesgo de detención. Asimismo, hasta 200.000 mujeres y niñas podrían perder el acceso a espacios seguros y programas de prevención de violencia, mientras que unos 233.000 niños y niñas corren el riesgo de quedarse sin servicios especializados de protección infantil.

La situación también es crítica en Etiopía, donde la capacidad de acogida de los refugios destinados a supervivientes de violencia de género se ha reducido a menos de la mitad en tan solo un año. Al mismo tiempo, la cobertura de programas de protección infantil se ha reducido hasta en un 85 % en algunas zonas del país. En Sudán, por su parte, decenas de miles de supervivientes de violencia sexual y menores en situación de grave riesgo podrían dejar de recibir el apoyo especializado que necesitan para su protección y recuperación.

Ante este escenario, ACNUR asegura haber puesto en marcha importantes reformas internas y medidas de priorización para preservar las actividades más urgentes. Sin embargo, la organización reconoce que la magnitud y persistencia del déficit financiero está afectando incluso a los programas considerados de máxima prioridad.

Los recortes no solo afectan a los servicios de protección inmediata, sino también a las iniciativas destinadas a fomentar la autonomía de las personas desplazadas y reducir su dependencia de la ayuda humanitaria. En Chad, cerca de 395.000 refugiados y miembros de comunidades de acogida podrían perder oportunidades relacionadas con medios de vida, formación profesional y apoyo al emprendimiento. En Irak, hasta 350.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo ven amenazado su acceso a programas de inclusión económica que les permiten generar ingresos y reconstruir sus proyectos de vida.

La reducción de fondos impacta igualmente en quienes intentan regresar a sus lugares de origen. En Siria, unas 162.500 personas desplazadas internas y refugiadas retornadas en situación de vulnerabilidad podrían quedarse sin asistencia económica durante las primeras etapas de su retorno si no se movilizan recursos adicionales de manera urgente. Esta ayuda resulta fundamental para cubrir necesidades básicas y facilitar la reconstrucción de sus vidas en un momento clave para la recuperación del país.

En Afganistán, los efectos son igualmente preocupantes. Mientras que en 2024 las ayudas para la reintegración alcanzaron a 5.300 hogares, en lo que va de 2026 apenas han llegado a 175 familias, lo que refleja una drástica disminución de la capacidad de respuesta.

ACNUR advierte además que dispone de una capacidad cada vez menor para dirigir sus recursos allí donde las necesidades son más urgentes. La proporción de financiación restringida a proyectos o actividades específicas ha aumentado del 19 % en 2022 al 51 % en 2026, lo que limita la flexibilidad operativa de la organización.

“La financiación flexible nos permite trasladar los conocimientos especializados y los fondos adecuados allí donde más se necesitan”, explicó Hyde. Según la directora, este tipo de aportaciones facilita una respuesta rápida ante crisis cambiantes, ayuda a mantener servicios esenciales sobre el terreno y permite atender nuevas emergencias sin abandonar aquellas que ya no ocupan la atención mediática internacional.

Ante la gravedad de la situación, ACNUR hace un llamamiento urgente a gobiernos, donantes y socios para incrementar tanto la financiación global como las contribuciones flexibles. La organización insiste en que estos recursos son esenciales para proteger los avances logrados, garantizar la seguridad de millones de personas desplazadas y apoyar su camino hacia una vida digna, segura y autónoma.