Un bebé llamado Agua Bendita

Los ataques contra la población por motivos religiosos se han estado dando desde septiembre del año pasado y han afectado tanto a las comunidades cristianas como musulmanas. En lugares como Paoua y algunas zonas de la capital, Bangui, las comunidades continúan viviendo y trabajando juntas. Sin embargo, las atrocidades se han hecho habituales.

Según el seguimiento realizado por el Grupo de trabajo especializado en Protección, liderado por ACNUR, en la República Centroafricana (RCA) hay actualmente más de 15.000 personas en 18 ubicaciones en el noroeste del país que se encuentran cercadas y amenazadas por grupos armados.

El sábado, tres hombres musulmanes fueron asesinados en un barrio de Bangui cercano al aeropuerto. La semana pasada, un convoy que transportaba a personas que escapaban de una zona sitiada en el barrio PK 12 fue atacado por milicias antibalaka. Los 21 hombres que viajaban en el convoy fueron asesinados, mientras que los 119 niños y las 19 mujeres asustados que sobrevivieron al ataque huyeron a un pueblo cercano. Recientemente, en Boali, al norte de Bangui, un ataque perpetrado por las milicias antibalaka dejó 11 muertos. Los 800 supervivientes traumatizados buscaron refugio en una iglesia donde han estado acogidos desde entonces por el párroco y protegidos por fuerzas internacionales.

ACNUR y sus socios están respondiendo a estas situaciones a través de la protección mediante presencia, asistencia humanitaria, la promoción de medidas de protección y, en casos excepcionales, facilitando el traslado de estas comunidades a lugares seguros. Sin embargo, los esfuerzos humanitarios por sí solos no son suficientes para solucionar la crisis. La Agencia de la ONU para los Refugiados hace de nuevo un llamamiento a todos los grupos armados para que detengan los ataques indiscriminados contra la población civil. Así mismo, pide el despliegue de más tropas internacionales ya que su número es insuficiente teniendo en cuenta el tamaño del país y el alcance de la crisis.

El nuevo gobierno de la República Centroafricana necesita apoyo urgente para llevar a cabo una aplicación efectiva de la ley, en especial mediante el despliegue de fuerzas de policía y el restablecimiento de un sistema judicial para poner fin a la impunidad. Las milicias armadas deben ser desarmadas, desmovilizadas y, en la medida de lo posible, reintegradas en la sociedad. También es necesario tomar medidas de desarrollo lo antes posible para permitir que las personas desplazadas recuperen un entorno más estable y para que la vida económica y social vuelva a la normalidad.  

Desde diciembre de 2012, la violencia y la inestabilidad han obligado a cerca de un millón de personas a huir en el interior de la RCA, así como a refugiarse en países vecinos como Camerún, Chad, la República Democrática del Congo y la República del Congo.

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