El 27 de noviembre comenzó una escalada de las hostilidades en el noroeste de Siria, la más grave en el país desde 2019, que ha provocado víctimas civiles, incluidas mujeres y niños, daños generalizados a la infraestructura y la suspensión de servicios vitales. Además, decenas de miles de personas han sido desplazadas dentro de la provincia de Alepo y a otras partes de Siria, incluidas las provincias de Damasco, Damasco Rural, Hama, Homs, Lattakia y Tartous.
La guerra de Siria comenzó en marzo de 2011 y durante estos casi 14 años el conflicto ha desgarrado al país y ha provocado una de las crisis humanitarias más prolongadas y graves del mundo, y se calcula que el 90% de la población vive en la pobreza. Más de 16,7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y más de 7,2 millones de personas ya habían sido desplazadas debido al conflicto.
Esto se suma a la reciente afluencia de más de medio millón de personas -tanto libanesas como sirias- que huyeron de los ataques aéreos israelíes en Líbano. El 60% de ellos son sirios, que llegan con recursos mínimos y necesitan ayuda humanitaria urgente, junto con las comunidades que los acogen.
Esta última escalada ha desplazado a miles de personas y muchas otras están atrapadas en sus casas sin poder huir de los combates en las calles de sus barrios y pueblos. Si los combates no cesan, estas personas también se verán obligadas a desplazarse.
Las personas desplazadas necesitan desesperadamente refugio seguro, alimentos, agua y atención médica. Debido a las hostilidades, los servicios esenciales siguen en gran medida suspendidos. Dos de los principales hospitales de la ciudad de Alepo han anunciado que están llegando al límite de su capacidad, mientras que la mayoría de los hospitales privados permanecen cerrados. El sector sanitario del país informó de que no había hospitales públicos ni centros de atención primaria funcionales en las zonas afectadas de la zona rural occidental de Alepo.
Una estación de agua clave para el oeste de la ciudad de Alepo no funciona y las escuelas de muchas zonas están cerradas. En Alepo, los residentes sufren escasez de pan, artículos de primera necesidad y combustible.
Esta última oleada de hostilidades, agravada por la reciente afluencia de más de medio millón de retornados y refugiados del Líbano en tan solo unas semanas, y la crisis humanitaria existente en el país, amenazan con sumir aún más a Siria y a su población en la desesperación.
“Los sirios han soportado el conflicto durante casi 14 años. Merecen un horizonte político que ofrezca un futuro pacífico, no más derramamiento de sangre”.
António Guterres, Secretario General de la ONU.
Las operaciones humanitarias en Idlib, Alepo y Hama siguen suspendidas en gran medida, y muchos socios se han trasladado a zonas más seguras. Mientras que ACNUR y la comunidad internacional en general desean reanudar las actividades en Alepo tan pronto como la seguridad lo permita, se han movilizado equipos para apoyar a los recién llegados en las zonas que acogen a poblaciones desplazadas.
Es vital que el equipo humanitario en el país pueda suministrar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas. El cumplimiento de la legislación internacional humanitaria y de derechos humanos, incluido el acceso sin trabas, es necesario para garantizar que se pueda prestar ayuda vital en el momento oportuno.
En colaboración con los socios en el terreno, ACNUR está evaluando las necesidades y proporcionando apoyo esencial en los centros de acogida, incluyendo artículos no alimentarios como mantas, colchonetas, lámparas solares, utensilios de cocina, lonas de plástico, bidones y ropa de invierno. También se están distribuyendo kits con artículos de higiene y cuidado personal como compresas, ropa interior y jabón. ACNUR también está proporcionando asistencia médica en especie cuando es necesario, como sillas de ruedas, audífonos, bastones y gafas.
A través de sus centros comunitarios y equipos móviles, ACNUR también está prestando servicios de protección vitales, como asistencia jurídica, apoyo psicosocial y servicios especializados en violencia de género y protección infantil, a través de socios locales.
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