Hambre y COVID-19 en la población refugiada
ACNUR calcula que el COVID-19 tardará entre 3 y 6 meses en alcanzar su punto más álgido en las economías más pobres.
Las medidas de confinamiento para frenar la emergencia sanitaria del coronavirus han tenido un coste muy elevado para la población refugiada y han marcado un antes y un después en sus vidas. Muchos refugiados ya luchaban por sobrevivir a duras penas antes de la pandemia.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Mundial aseguran que es probable que el crecimiento económico mundial se reduzca a la mitad a causa de la pandemia por COVID-19. Como consecuencia, entre 40 y 60 millones de personas más en el mundo sufrirán pobreza extrema.
Líbano, por ejemplo, ya atravesaba una recesión económica antes de la llegada del COVID-19. Más de la mitad de un grupo de refugiados encuestados por ACNUR a finales de abril en este país aseguró haber perdido su fuente de ingresos, y un 70% dijo que tenía que saltarse comidas. El impacto entre las mujeres es aún mayor y casi todas las que estaban trabajando afirmaron que se quedaron sin empleo.
30 millones de refugiados y desplazados internos dependen de la cadena de suministro de alimentos para sobrevivir. Los expertos pronostican una “pandemia de hambre”.
Además, el cierre de colegios en muchos países ha dejado a miles de niños refugiados sin educación y sin la ración de comida diaria que recibían en la escuela.
368 millones
de niños no están recibiendo la ración de comida diaria en la escuela.
265 millones
de personas en riesgo de hambre aguda, según la ONU.
“Nos enfrentamos a una situación extraordinaria en la que una emergencia de salud se está convirtiendo rápidamente en una crisis humanitaria mundial como ninguna otra”.
Joel Boutroue, Representante de ACNUR en Uganda.
Hambre y coronavirus en África: la historia de Mariney
Las personas refugiadas que viven en las zonas urbanas de África Oriental, los Grandes Lagos y el Cuerno de África están luchando por sobrevivir a medida que el impacto económico de la COVID-19 empieza a hacer estragos entre la población.
Mariney Karemere, refugiada congoleña y madre soltera de tres hijos, fabrica y vende bolsos en Kampala, la capital de Uganda. Cuando empezaron a aplicarse las medidas de prevención de la pandemia, Mariney pasó de ganar 27 dólares semanales a no tener ningún ingreso. Ahora sobrevive gracias a la distribución de alimentos de una iglesia comunitaria. Uganda registró su primer caso de COVID-19 en marzo y desde entonces ha registrado más de 260 casos. Muchas actividades económicas han sido interrumpidas por la pandemia.
ACNUR en Uganda está proporcionando asistencia en efectivo a todos los refugiados en zonas urbanas y solicitantes de asilo en Kampala de manera excepcional para que las familias puedan cubrir sus necesidades y comprar, entre otras cosas, jabón y mascarillas.
“En este momento, la mayor preocupación para los refugiados es el hambre. Si salimos, corremos el riesgo de contraer coronavirus. Si nos quedamos en casa, el hambre nos matará. Esto es peor que una guerra”.
Mariney Karemere, refugiada congoleña.
Problemas en el suministro de materiales de emergencia
La pandemia ha afectado seriamente a la cadena de producción y al transporte de materiales de emergencia. ACNUR ya ha ampliado de 4 a 13 el número de proveedores mundiales y ha establecido más de 70 proveedores locales. Vicente Escribano, jefe del Servicio de Gestión de Suministros de ACNUR, explica las dificultades a las que se están enfrentando para abastecer a la población: “La cadena de suministros mundial ha colapsado y los proveedores de equipos de protección individual (EPI) y artículos médicos están desbordados. Los precios se han disparado. En muchos casos, se exige el pago por adelantado y los plazos de entrega no están garantizados”.
1 € al día = comida diaria para un niño
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