Hambre y COVID-19 en la población refugiada

Las medidas de confinamiento para frenar la emergencia sanitaria del coronavirus han tenido un coste muy elevado para la población refugiada y han marcado un antes y un después en sus vidas. Muchos refugiados ya luchaban por sobrevivir a duras penas antes de la pandemia.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Mundial aseguran que es probable que el crecimiento económico mundial se reduzca a la mitad a causa de la pandemia por COVID-19. Como consecuencia, entre 40 y 60 millones de personas más en el mundo sufrirán pobreza extrema.

Líbano, por ejemplo, ya atravesaba una recesión económica antes de la llegada del COVID-19. Más de la mitad de un grupo de refugiados encuestados por ACNUR a finales de abril en este país aseguró haber perdido su fuente de ingresos, y un 70% dijo que tenía que saltarse comidas. El impacto entre las mujeres es aún mayor y casi todas las que estaban trabajando afirmaron que se quedaron sin empleo.

30 millones de refugiados y desplazados internos dependen de la cadena de suministro de alimentos para sobrevivir. Los expertos pronostican una “pandemia de hambre”.

Además, el cierre de colegios en muchos países ha dejado a miles de niños refugiados sin educación y sin la ración de comida diaria que recibían en la escuela.

ACNUR en Uganda está proporcionando asistencia en efectivo a todos los refugiados en zonas urbanas y solicitantes de asilo en Kampala de manera excepcional para que las familias puedan cubrir sus necesidades y comprar, entre otras cosas, jabón y mascarillas.

La pandemia ha afectado seriamente a la cadena de producción y al transporte de materiales de emergencia. ACNUR ya ha ampliado de 4 a 13 el número de proveedores mundiales y ha establecido más de 70 proveedores locales. Vicente Escribano, jefe del Servicio de Gestión de Suministros de ACNUR, explica las dificultades a las que se están enfrentando para abastecer a la población: “La cadena de suministros mundial ha colapsado y los proveedores de equipos de protección individual (EPI) y artículos médicos están desbordados. Los precios se han disparado. En muchos casos, se exige el pago por adelantado y los plazos de entrega no están garantizados”.