La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo ha aportado 125.000 € a un proyecto de ACNUR contra la violencia de género en Colombia, que se llevará a cabo entre enero y diciembre de 2025. El objetivo del proyecto es garantizar el acceso adecuado a servicios especializados contra la Violencia Basada en Género (VBG) en las regiones del Golfo de Urabá y el Caribe colombiano, mejorando las condiciones de las personas afectadas y ofreciendo apoyo en su recuperación y protección.
Además, el proyecto fortalecerá las redes comunitarias e institucionales locales encargadas de la prevención, mitigación y respuesta a la VBG, sensibilizando a funcionarios y líderes comunitarios. A través de este enfoque, se promoverán cambios en las actitudes y prácticas sociales que perpetúan la violencia basada en género. Se espera que el 90% de los beneficiarios directos sean mujeres.
El proyecto beneficiará directamente a 200 personas refugiadas y solicitantes de asilo venezolanas, así como a las comunidades de acogida. También se capacitarán a 1.800 autoridades gubernamentales, miembros de organizaciones civiles y personas de las redes comunitarias de protección, alcanzando un total de 2.000 beneficiarios directos. A nivel indirecto, se espera que unas 10.000 personas, incluyendo familiares de las personas refugiadas y migrantes, y las redes de protección, se beneficien también de este proyecto.
ACNUR, en colaboración con el Gobierno de Colombia, organizaciones locales y la sociedad civil, trabaja para mejorar la protección de las personas desplazadas, refugiadas y migrantes, especialmente las provenientes de Venezuela, que suman más de 2,8 millones en el país. Colombia es el país que acoge al mayor número de personas refugiadas y solicitantes de asilo de Venezuela. Desde 2017, ACNUR ha ampliado su respuesta en el país para atender las necesidades de estas personas.
Sin embargo, las personas refugiadas, solicitantes de asilo y las comunidades de acogida todavía enfrentan barreras significativas para acceder a servicios esenciales, como la falta de información y la limitada capacidad de las instituciones locales para ofrecer respuestas. Las deficiencias incluyen acceso restringido, baja calidad y cobertura de los servicios, y la falta de protocolos adecuados para atender la violencia de género, lo que subraya la enorme necesidad existente.
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