Kenia sigue proporcionando asilo y protección a casi medio millón de refugiados. Los mayores campos de refugiados en este país -Dadaab y Kakuma- se encuentran entre los más grandes del mundo. También albergan a algunas de las poblaciones que llevan desplazadas un período de tiempo más largo. Por un lado, la población refugiada somalí. Casi una cuarta parte de la población de Somalia se ha visto afectada por el desplazamiento forzoso, y la mayoría de los refugiados somalíes buscan refugio en Kenia. Por otro, los refugiados procedentes de Sudán del Sur, el siguiente grupo más numeroso de refugiados en el país. La duración media de los desplazamientos de los refugiados somalíes y sursudaneses en Kenia es de 26 años, y muchos de los residentes de los campamos nacieron ya desplazados en estos campos.
Tanto Dadaab como Kakuma se encuentran en una zona ecológicamente frágil caracterizada por escasas precipitaciones, sequías prolongadas e inundaciones estacionales cuando llueve. Esto, unido a la elevada densidad de población, ha dado lugar a una importante degradación del medio ambiente. A lo largo de los años, la degradación de los pastizales se ha convertido en el desafío ambiental más visible de la región. La creciente demanda de madera para satisfacer las necesidades energéticas de los hogares y los materiales de construcción de las viviendas son dos de los principales desafíos ambientales.
El proyecto de cooperación aprobado en la convocatoria del Ayuntamiento de Málaga está diseñado con el fin de rehabilitar las zonas naturales degradadas, al mismo tiempo que se logra el aprovechamiento sostenible de los recursos. Para ello la estrategia plantea entre otras el establecimiento de cinturones verdes y huertos en los campos de Dadaab y Kakuma. La actividad combina la agricultura sostenible basada en cinturones verdes con la recuperación ambiental de la zona y la sensibilización comunitaria sobre la importancia de preservar el medio ambiente. Esta forma de gestionar los recursos naturales integra por tanto la administración ambiental, la rentabilidad económica y la responsabilidad social.
Después de diez años de exilio, para la población refugiada siria subsistir en Líbano es cada vez más difícil. El país, uno de los que más refugiados per capita acoge del mundo, se enfrenta a una crisis económica y financiera sin precedentes que ha socavado la capacidad de subsistencia de los más vulnerables. La población refugiada, y muchos libaneses también, están cayendo cada vez más en la pobreza debido a la alta inflación, el aumento de los precios de los alimentos y la pérdida de ingresos. El brote de COVID-19 ha agravado la situación al reducir el acceso de las personas a los alimentos, las oportunidades de sustento y otros servicios básicos.
Con el proyecto de acción humanitaria aprobado en la convocatoria, 200 familias sirias refugiadas en la región de Bekaa están pudiendo sobrevivir con las transferencias de efectivo que reciben cada mes por parte de ACNUR. Para todas ellas, estas ayudas son ahora la principal, si no la única, fuente de ingresos, y aunque no cubren todas sus necesidades, les permiten por ejemplo comprar algunos alimentos y pagar parte del alquiler.
Por ello, entre los diferentes programas puestos en pie por ACNUR y sus socios para proteger y apoyar a los refugiados sirios en la región, el de transferencias en efectivo es uno de los más importantes. Gracias a él, miles de hogares sirios que están en los niveles de pobreza más extrema, pueden afrontar parte de sus gastos relacionados con la vivienda, la alimentación o la salud.
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