El Ayuntamiento de Málaga apoya la resiliencia de la población refugiada

Chad es uno de los países más pobres del mundo y también uno de los que más población refugiada acoge en su territorio. En este país, el conflicto y la inseguridad de la región se ven agravados por la pobreza, el impacto del cambio climático y una difícil situación socioeconómica. A pesar de ello, el gobierno de Chad sigue teniendo una actitud positiva y acogedora hacia los refugiados. Durante más de una década, ha acogido a unos 340.000 refugiados sudaneses en el este, 100.000 refugiados centroafricanos en el sur y ha abierto las puertas a más de 15.000 refugiados nigerianos huidos de la insurgencia de Boko Haram en la región del lago Chad.

El proyecto de cooperación aprobado en la convocatoria tiene como objetivo promover la autosuficiencia y la generación de pequeños ingresos entre la población sudanesa refugiada en el este de Chad. Gracias a él, cerca de 7.000 refugiados y refugiadas sudanesas podrán acceder a oportunidades laborales y medios de vida sostenibles durante su estancia en los campos de Chad. Para ello, se están desarrollando talleres formativos, dotación de insumos, materiales para trabajar la tierra, ganado y ayudas en efectivo para poder llevar a cabo pequeños proyectos productivos y generar un ecosistema de emprendimiento que beneficie a toda la comunidad.

El programa de medios de vida de ACNUR en los campos del este de Chad incluye también otras iniciativas como la puesta en funcionamiento de una planta de procesado de cacahuete, la instalación de paneles solares para incubadoras avícolas, el apoyo a mercados locales, la perforación de pozos de riego para cultivo, el equipamiento de tractores y un nuevo centro de formación profesional.

Gran parte de la población sudanesa refugiada en el este de Chad llegó a este país hace más de 15 años huyendo del conflicto en Darfur. Favorecer medios de vida sostenibles es por tanto cada vez más necesario mientras generaciones de sudaneses continúen viviendo en el exilio.

Por otro lado, en Líbano, después de más de nueve años de conflicto, la población refugiada siria continúa sufriendo el deterioro paulatino de su situación socioeconómica, sin grandes perspectivas de obtener medios de vida y con pocas opciones de regresar a Siria. A esta situación se ha unido la crisis económica que asola Líbano desde el pasado año y que provocaba que el 2 de septiembre de 2019, los dirigentes políticos de este país declararan un "estado de emergencia económica" en el país. Tan sólo unos meses más tarde, se declaraba la pandemia provocada por la COVID-19, así como las medidas de confinamiento y restricción de movimientos generalizadas en Líbano que han terminado por sumir la población refugiada siria, y también a una importante proporción de la población libanesa, en la pobreza más extrema.

En este contexto, el proyecto de ayuda humanitaria aprobado por el Ayuntamiento de Málaga ha permitido garantizar que 1.000 familias refugiadas sirias, en situación de máxima vulnerabilidad (unas 7.000 personas), pudieran evitar el desalojo de sus viviendas o acceder a alimentos y medicamentos esenciales a pesar de las restricciones de movimiento, los toques de queda y demás medidas tomadas como consecuencia de la pandemia. Para ello, en los meses de mayores dificultades, ACNUR ha podido destinar ayuda de emergencia en efectivo a estas familias, así como garantizar que quienes la reciben son las que más lo necesitan, mediante una supervisión constante de las circunstancias socioeconómicas y de protección de la población siria refugiada en Líbano.

Este pequeño país mediterráneo continúa siendo el que acoge a la mayor proporción de población refugiada per cápita del mundo, ya que cerca de 1.500.000 refugiados sirios viven en el país desde hace nueve años. El gobierno libanés necesita por tanto el apoyo de la comunidad internacional para poder continuar acogiendo a la población siria en condiciones dignas.