El Ayuntamiento de Vigo afianza su compromiso con la población desplazada de Venezuela y sus comunidades de acogida en Colombia

Tres años y medio después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la COVID-19 como una emergencia de salud pública, la región de América Latina y el Caribe sigue afectada por la pandemia y sus consecuencias. La región ha notificado oficialmente unos 78,5 millones de casos confirmados y 1,7 millones de muertes, lo que la convierte en una de las regiones más perjudicadas del mundo.

Además, en 2023, los países de América Latina y el Caribe se enfrentan al mayor éxodo de su historia reciente. Más de 7,1 millones de venezolanos viven fuera de su país de origen y cerca de 6 millones residen en la región. Además de las condiciones de vida, seguridad, dignidad y salud de los refugiados y solicitantes de asilo, la pandemia de la COVID-19 ha exacerbado las desigualdades preexistentes y ha aumentado el sufrimiento de las personas más vulnerables de la sociedad. El crecimiento económico de la región previsto para este año no será suficiente para garantizar una expansión sostenida; los impactos sociales de la crisis sanitaria y los problemas estructurales de la región se han agravado y seguirán en fase de recuperación.

Para contribuir al proyecto que ACNUR desarrolla en Colombia, el Ayuntamiento de Vigo ha aportado 10.000 euros que garantizarán la protección internacional de la población refugiada y solicitante de asilo venezolana y colombiana retornada, además de las comunidades de acogida colombianas.

Con este apoyo, se asegura que alrededor de 88.630 personas desplazadas se beneficiarán del sistema sanitario. También garantizará el acceso a servicios de atención psicosocial para prevenir y acompañar a las personas sobrevivientes de violencia de género de las comunidades de acogida, en cuatro municipios (Riohacha Maicao, Uribia y Fonseca) del Departamento de La Guajira y los municipios de Medellín, Apartadó y Quibdó en los departamentos de Antioquia y Chocó.

ACNUR trabaja sobre la base de una programación participativa con las personas que necesitan protección internacional, basada en un enfoque de derechos y comunidad que permite a la población beneficiara participar de forma activa en las distintas fases de los proyectos a desarrollar.