La crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto directo en los ingresos de los refugiados y migrantes de Venezuela y en su capacidad para permitirse una vivienda segura y digna en Colombia. Entre las principales barreras para la formalización de los contratos de alquiler, muchos refugiados y migrantes de Venezuela no tienen acceso a información sobre los derechos de los inquilinos y/o carecen de documentación para dichos acuerdos. Para las personas en riesgo de desahucio, además, existe una relación directa entre la falta de seguridad de la tenencia y el tipo de acuerdo que tienen con el propietario, ya que se estima que el 74% de los acuerdos son verbales.
No tener un hogar expone a las personas y a las familias a mayores riesgos de infección por la COVID-19, violencia de género, explotación y abuso, especialmente para las mujeres y las niñas, además de abandono escolar. Los refugiados y los migrantes de Venezuela en tránsito, así como los que acaban de llegar a su destino, se alojan principalmente en refugios colectivos temporales, para evitar estar por las calles.
Con el objetivo de contribuir al proceso de protección internacional de los refugiados venezolanos en Colombia asegurando el acceso a servicios de emergencia, La Xunta de Galicia ha concedido una subvención de 30.000 euros.
La contribución ha fortalecido la capacidad de 62 familias refugiadas venezolanas de cuatro miembros, un total de 248 personas, en el departamento de Norte Santander para afrontar sus necesidades básicas en materia de protección, vivienda, salud y alimentación.
ACNUR sigue trabajando para garantizar la protección de todas las poblaciones desplazadas por la fuerza, y más específicamente, en los países que acogen grandes poblaciones de refugiados, con asentamientos densamente poblados y con sistemas de salud más débiles.
Agradecemos nuevamente La Xunta de Galicia su solidaridad ante emergencias como estas.