“Sin educación, nuestro país nunca avanzará”

21 de agosto, 2018

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En las colinas de Tegucigalpa, capital de Honduras, una clase recita la tabla de multiplicar. Otra repite palabras en inglés. Todas están conectadas por un pequeño patio que une las voces de cientos de estudiantes de primaria. Tras la apariencia de normalidad, alumnos y profesores se ven amenazados por la escasez de presupuesto y la violencia de las pandillas callejeras.

“Esta semana, un alumno de secundaria desapareció”

Entre susurros, los profesores cuentan que uno de los chicos desapareció esta misma semana. Hace tres días dejó a su hermana pequeña en el colegio y nadie lo ha vuelto a ver, pero padres y profesores están demasiado asustados para denunciarlo por miedo a ser perseguidos.

Las bandas callejeras, conocidas como maras, luchan por controlar la zona para traficar con drogas y extorsionar a las familias. “La pandilla Calle 18 controla este vecindario, pero la MS-13 controla los vecindarios de arriba y de abajo. Es bastante conflictivo”, cuenta la directora adjunta.

En solo dos años, los alumnos han pasado de más de 300 a 180 ya que las pandillas callejeras dificultan que muchos alumnos vayan a la escuela. Los reclutamientos y la adicción a las drogas tampoco ayudan. Mientras, el colegio no tiene suficiente personal y recursos para atender a los alumnos.

Reportar a la policía podría ser su sentencia de muerte

Esta escuela, en uno de los barrios marginales reconstruidos hace 20 años después del paso de un huracán es hoy un microcosmos del sistema educativo de Honduras. La violencia en las calles a la que se enfrentan profesores y alumnos va desde agresiones sexuales a asesinatos.

Los alumnos se encuentran indefensos. Algunos tienen a sus padres en la cárcel. Mientras los profesores, extorsionados y amenazados por las pandillas, se sienten atados de pies y manos, agotados hasta el punto de enfermar física o mentalmente. A pesar de ello, muchos se han decidido a hablar en una campaña para apoyar a profesores de cientos de escuelas en Honduras. “No podemos quedarnos aquí con los brazos cruzados sin hacer nada”, aseguran.

La campaña comenzó cuando ACNUR lanzó una encuesta en las escuelas públicas de Tegucigalpa. El objetivo inicial era conocer mejor la situación de 23 de ellas para entender cómo apoyarlas, pero, a medida que comenzaron a abordarse sus preocupaciones, la encuesta se extendió a 253 escuelas en la capital y más de 2.300 en Honduras. Reyna Rodríguez, Carlos García y Daisy Zelaya fueron elegidos como portavoces.

La primera conclusión fue que los profesores no tienen a dónde acudir cuando enfrentan amenazas, acoso sexual, extorsión y agresión física. Reportar ante la policía puede ser una sentencia de muerte. Aunque los profesores intentan ayudar a los alumnos a lidiar con su angustia, pocas escuelas tienen consejeros, enfermeras o psicólogos. Rodríguez se sentó con un estudiante que fue secuestrado por una pandilla junto a un compañero. Él fue obligado a mirar mientras la pandilla mutilaba y asesinaba a su amigo. Su profesora era la única persona a la que podía acudir: “¿Qué se supone que debo hacer? Puedo escuchar, pero no tengo las herramientas para ayudar a alguien como él”.
La segunda conclusión fue el impacto de la falta de fondos y recursos que disminuyen cada año. Cada vez hay más alumnos por clase, hasta 50 por profesor. Entre ellos, alumnos con necesidades especiales. Las escasas actividades extracurriculares se ofrecen por profesores voluntarios, sin compensación. “Si no priorizamos la inversión en las escuelas y seguimos invirtiendo en el ejército y la policía, no podemos esperar que las cosas cambien”, dice García.

“Sin una mejor educación, nuestro país nunca avanzará”

Con el apoyo de ACNUR, los profesores han empezado a trabajar para mejorar la situación en los colegios. Como prioridad, ACNUR les ayuda a desarrollar medidas de protección y protocolos de seguridad para profesores y estudiantes y a crear redes de comunicación. A través de ellas, los portavoces del grupo de docentes desarrollan propuestas para mejorar las escuelas, como un protocolo nacional para enfrentar la violencia y las amenazas en los centros.

Entre ellos, Rodríguez, García y Zelaya se han reunido con el viceministro de educación para trabajar con las agencias del gobierno en medidas de protección para el sistema escolar. Dados los niveles de riesgo, el Gobierno ha establecido mecanismos que incluyen el aumento de la presencia de las fuerzas de seguridad en algunas escuelas.

“Sabemos que tenemos una gran responsabilidad con la educación de las nuevas generaciones, pero es difícil hacerlo bien así. También sabemos que, sin una mejor educación, nuestro país nunca avanzará”, dice Rodríguez.

Además, docenas de maestros se han formado para dar una primera respuesta psicológica a estudiantes que sufren los efectos de la violencia y ACNUR está formando a profesores y alumnos para protegerse a sí mismos.