COVID y refugiados: la gravedad de la falta de financiación

Innocent Havyarimana, un refugiado de Burundi que vive en el campo de refugiados de Kakuma, en Kenia, ha podido rehacer su vida a través de la fabricación de jabón. Durante la pandemia, la demanda de este producto aumentó de manera drástica, favoreciendo el emprendimiento de este muchacho que se vio obligado a aumentar su producción. “Decidí bajar el precio para que todos pudieran comprar jabón”, comenta. Innocent empezó su negocio en 2015, abasteciendo a las comunidades de acogida y a los refugiados y hasta cultiva él mismo algunos de los ingredientes que utiliza para la fabricación de jabones y desinfectantes. Su proactividad para salir adelante y su gran esfuerzo, sumado al trabajo de ACNUR y al apoyo de sus socios locales en Kenia, han hecho posible que un proyecto como este pueda llevarse a cabo y continuar en plena pandemia de COVID-19.

Pero, desgraciadamente, no todo tiene un final feliz y desde ACNUR se viene alertando desde  hace mucho tiempo sobre las consecuencias graves que tiene la falta de financiación para las personas refugiadas en plena pandemia de COVID-19. Es fundamental que la comunidad internacional tome conciencia de la situación actual, ya que la emergencia por COVID-19 encabeza la lista de las diez situaciones de ACNUR con menor financiación en 2021.

Se ha presupuestado un total de 924 millones de dólares para atender a las necesidades de millones de personas, pero solo se ha recibido un tercio de esa suma, por lo que la gravedad de la situación es más que evidente. Y pese a los esfuerzos y el trabajo de ACNUR, las pérdidas humanas continúan sumándose y la necesidad de actuar es más urgente que nunca.

En diferentes puntos del planeta se registran acentuadas desigualdades en el acceso a las vacunas y a material sanitario, así como también a los sistemas de salud. Los cierres de empresas y la pérdida de puestos de trabajo continúan aumentando y se han dado muchos casos en los que los subsidios y ayudas económicas de los gobiernos no han llegado a destino.

Se trata de consecuencias económicas gravísimas que apuntan a que miles de personas no pueden acceder a comida y a un techo digno, es decir, que se vean privadas de necesidades básicas y más expuestas que nunca a situaciones de explotación y de violencia de género, en las que las mujeres y las niñas siempre son las más afectadas.

ACNUR estimó a finales de agosto de 2021 un déficit de 74 millones de dólares en asistencia en efectivo, a lo que se le suman las lagunas en la financiación para hacer frente a la atención primaria en salud, educación primaria y otros servicios.

El impacto de la falta de fondos

En el informe de ACNUR sobre todas las emergencias de 2021 que se encuentran ante una crisis de financiación, la pandemia de COVID-19 encabeza la lista. Según este estudio, el dinero obtenido hasta el momento es insuficiente para hacer frente a la crisis humanitaria y las necesidades básicas de miles de personas.

De los 924 millones de dólares que se necesitan, hasta el 31 de agosto solo se había conseguido un tercio de esa suma: 307,3 millones. Irak, por ejemplo, recibió el 34% del total de los fondos necesarios, mientras que a Siria llegó el 39% de lo estimado y a Sudán del Sur el 41%.

“La pandemia ha causado estragos en la vida de las personas desplazadas y apátridas, estragos que van mucho más allá del riesgo al contagio. No contar con los fondos para responder a la pandemia agrava la situación”, dice Ann Burton, Directora de Salud Pública de ACNUR, y agrega que “el impacto de las consecuencias económicas de la pandemia ha sido mayor para las personas refugiadas”.

Mujeres y niños ante la pandemia

La pandemia de COVID-19 ha acentuado los riesgos de abusos y de violencia en millones de mujeres y de niños desplazados, tanto en lo que se refiere a maltratos sexuales y domésticos como a un aumento de matrimonios infantiles.

ACNUR y otros organismos pertenecientes a la ONU y organizaciones no gubernamentales ya venían alertando sobre las consecuencias de la COVID-19 en el empeoramiento de las condiciones de mujeres y de niñas refugiadas y desplazadas. Y los datos recientes, lamentablemente, ratifican lo que se estipulaba.

“Más de un año después de la crisis, está claro que la COVID-19 ha hecho retroceder años de avances en materia de igualdad de género y protección infantil”, dice la Alta Comisionada Auxiliar para la Protección, Gillian Triggs.

Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, también opina sobre el tema: “El impacto socioeconómico sin precedentes de la pandemia está poniendo muchas vidas en peligro. Estamos viendo aumentos extremadamente preocupantes en los informes sobre violencia de género, incluyendo violencia doméstica, matrimonios infantiles, trabajo infantil y embarazos de adolescentes”, dice Grandi. 

La tensión creciente en los hogares debido a las presiones económicas y la falta de trabajo, el cierre de las escuelas y el aumento generalizado de la pobreza, todo es un caldo de cultivo que aumenta la vulnerabilidad de mujeres y de niñas durante esta pandemia de COVID-19. Por eso es más urgente que nunca que se cumplan con los plazos y con los presupuestos programados para hacer frente a esta crisis humanitaria.