Refugiados en Mali: asesinatos que fuerzan desplazamientos

“La vida ha sido bonita durante cinco años, hemos convivido en paz con la comunidad de acogida y hemos recibido asistencia y protección de ACNUR. Pero, de repente, la semana pasada, cuando nos atacaron, esta felicidad desapareció y el miedo ocupó su lugar”, dice  Taguidigou Seidaghma, una refugiada de Mali en Níger que fue testigo del ataque del 31 de mayo de este año que un grupo armado perpetró en el área de acogida de Intikane, dejando un saldo de dos refugiados y un líder de esa comunidad asesinados.

Cinco días después, el día 5 de junio, la aldea maliense de Binedama sufrió otro ataque violento y, esta vez, las víctimas fueron más: 26 personas fueron brutalmente asesinadas. De manera tal que la escalada de violencia en la región está agravando la situación de la población refugiada en Mali y genera un incremento de los desplazamientos dentro de ese país.

En Mali hay 10.000 refugiados procedentes de Burkina Faso y 3.200 de Níger, además de 251.000 desplazados internos. La necesidad de asistencia humanitaria es más urgente que nunca y dentro de un contexto de aumento no solo de personas asesinadas sino también de casos de explotación sexual, abusos, tráfico de personas y matrimonios forzados en el triángulo del Sahel, a lo que se suma la propagación de la pandemia de COVID-19.

La actuación de ACNUR y ONU ante la violencia en Mali

La delicada situación en la que se encuentran los refugiados en Mali no es nueva. En 2019 ACNUR alertaba sobre el deterioro de las condiciones humanitarias y de seguridad en el país, sobre todo en Tombuctú, Gao, Kidal, Taoudenni, Menaka, Mopti, Koulikoro, Ségou y Sikasso, es decir, en una amplia franja que abarca norte, centro y sur.

La violencia iniciada en el norte entre diferentes grupos armados se fue extendiendo por todo el país, afectando a muchas comunidades de acogida de refugiados en Mali. Mientras tanto, en las regiones del centro del país crecen las denuncias por violaciones de los derechos humanos, torturas, desapariciones y ejecuciones. Cientos de niñas y de niños son reclutados por los grupos armados, mientras que a más de 285.000 niños se les ha privado de acceso a la educación. Y a todo esto, hay que sumar que el acceso de ayuda humanitaria cada vez es más difícil de garantizar, en un contexto donde más de 3,4 millones de malienses la necesitan de manera inmediata.

Desde principios de 2020, la ONU encabeza una misión que busca garantizar la firma de un acuerdo de paz para garantizar el fin de la violencia en Mali, pero es un proceso lento que aún no se acaba de concretar. Personal de los cascos azules ha sufrido ataques de parte de los grupos violentos que operan en el país y 89 soldados nigerianos fueron masacrados durante un embate contra una base en la frontera con Mali, lo que dificulta el objetivo de llegar a la paz.

Además, la pandemia acecha

En medio de toda esta situación de violencia múltiple en Mali, ha llegado la pandemia del COVID-19, algo que ha empeorado la “grave situación humanitaria y de seguridad” en el país, donde “sigue siendo motivo de grave preocupación, con grupos terroristas aliados con Al Qaeda y Estado Islámico compitiendo por el control de áreas de influencia”, según las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

La estimación de ONU con respecto al impacto del COVID-19 en Mali es una agravación profunda de la crisis humanitaria en un país con 3,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria.  “El riesgo de contaminación es alto entre las poblaciones de desplazados internos y refugiados. De hecho, ambas poblaciones, que ahora viven juntas, están expuestas a ciertos factores que les hacen casi imposible respetar las medidas de prevención de Covid-19”, dice Mohamed, un refugiado de Mali que actualmente trabaja con ACNUR en Dori, en el noreste de Burkina Faso.

Mientras tanto, ACNUR sigue haciendo un llamamiento a la solidaridad internacional para recaudar los 186 millones de dólares que se necesitan para hacer frente a la crisis de refugiados y desplazamiento en el Sahel. Esta suma será destinada a garantizar medidas de prevención eficaces para frenar la incidencia del COVID-19, además de asistir con refugio, comida, higiene y acceso a educación y a otros servicios básicos a millones de refugiados en Mali, Burkina Faso y Níger, el triángulo que conforman estos países que viven momentos muy duros.