Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el oeste de Colombia durante la mañana del 10 de agosto, dejando hasta el momento más de 272.000 las personas afectadas, 319 personas fallecidas y más de 4.400 personas heridas. Según los reportes preliminares de las autoridades, 15 departamentos colombianos han resultado afectados por el movimiento sísmico siendo Risaralda, Valle del Cauca, Chocó y Caldas los más afectados. El seísmo se llego a sentir en áreas de Ecuador y Panamá.
El terremoto ha dañado más de 152.000 viviendas, destruido más de 30.000 y afectado a casi 800 escuelas, más de 80 centros de salud y más de 370 centros comunitarios. A ello se suman graves interrupciones en servicios esenciales como el suministro eléctrico, el acceso al agua potable, las telecomunicaciones y la atención médica en varias de las zonas más afectadas.
El gobierno colombiano ha declarado el estado de emergencia y ha desplegado equipos para liderar la respuesta inicial de emergencia y rescate. Las evaluaciones iniciales muestran que las necesidades más urgentes son refugio, agua potable, servicios de higiene y saneamiento, alimentos, atención médica y apoyo psicosocial.
Colombia lleva muchos años sufriendo una compleja crisis humanitaria derivada de la persistencia de múltiples conflictos armados que han provocado desplazamientos forzados y graves vulneraciones de derechos. Más de 7 millones de personas se encuentran desplazadas internamente a causa del conflicto y la inseguridad, y 2,8 millones de venezolanos que necesitan protección internacional, además de otras personas refugiadas y solicitantes de asilo, se encuentran acogidos en el país.
Ahora, el terremoto, puede agravar aún más la vulnerabilidad de quienes ya se encontraban en una situación de especial riesgo. Y es que las zonas más afectadas albergan a un gran número de personas ya desplazadas por la violencia, así como a refugiados y comunidades vulnerables apoyadas por ACNUR y varias de nuestras oficinas de campo. Los municipios afectados de Cali, por ejemplo, albergan a más de 133.000 refugiados y otras personas que necesitan protección internacional. Antes del terremoto, el conflicto armado y la inseguridad habían generado importantes necesidades humanitarias.
Solo en 2025, más de 232.000 personas fueron desplazadas recientemente por el conflicto y más de 203.000 quedaron confinadas en sus zonas debido a enfrentamientos por el control territorial e intimidación por parte de grupos armados. Las comunidades indígenas y afrocolombianas se ven afectadas de manera desproporcionada por el confinamiento, mientras que los refugiados y migrantes también se ven afectados de manera desproporcionada por la violencia, el acceso limitado a los servicios y los desastres relacionados con el clima.
Foto: © ACNUR/Ismael Montealegre.ACNUR está presente en Colombia desde 1997, apoyando la protección de las personas desplazadas internamente, los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas apátridas y las comunidades de acogida vulnerables. La organización cuenta con una sólida presencia operativa en 14 localidades, gestiona centros de información, despliega equipos móviles y trabaja con socios locales para brindar protección y apoyo vitales a las personas bajo su mandato.
El trabajo de ACNUR en Colombia se centra en la prevención del desplazamiento forzado, la respuesta a emergencias, el monitoreo de la protección para identificar a las personas vulnerables, la derivación a servicios y la creación de proyectos de subsistencia y generación de ingresos.
Tras el terremoto, ACNUR participa en el proceso de evaluación de daños y necesidades. En coordinación con el Equipo Humanitario de País, ACNUR apoya la respuesta liderada por el Gobierno y dispone de artículos de ayuda de emergencia inmediatos, incluyendo 3100 lámparas solares, 30 Viviendas para Refugiados y más de 19 700 kits de higiene para niños, adolescentes y adultos, listos para su distribución según las necesidades identificadas.