El problema de las pandillas en Honduras

Así como sucede con sus vecinos Guatemala y El Salvador, Honduras también presenta un escenario de violencia pronunciada que desde hace mucho tiempo afecta a diferentes sectores de la población, sobre todo a niñas, niños, adolescentes y mujeres. Muchas personas se han visto obligadas a convertirse en desplazadas internas, una situación reconocida por el gobierno hondureño en 2013 a través de un decreto que vinculaba el desplazamiento forzado a causa de la violencia.

Así surge la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV), cuya misión es trazar políticas destinadas a atender y mejorar las condiciones de vida de todas estas personas que se han visto obligadas a huir por temor a perder su vida. Este organismo ha sido asesorado desde su fundación por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

La violencia que no cesa

A medida que fueron aumentando los esfuerzos de ACNUR y sus socios locales para mejorar las condiciones de vida de las miles de personas que sufrían violencia en Honduras, esta seguía aumentando.

Germán, por ejemplo, sufrió un secuestro en la ciudad de Tegucigalpa y, por una cuestión de suerte, pudo escapar a Estados Unidos, donde solicitó el asilo. Esto es solo un ejemplo de la cantidad de secuestros que suceden cada día en Honduras, un mecanismo extorsivo de las bandas criminales para pedir dinero y que, muchas veces, acaban con el asesinato de los secuestrados. Entre los años 2004 y 2014, cerca de 174.000 personas tuvieron que irse a vivir a otro país por el miedo a las pandillas.

https://www.youtube.com/watch?v=N9gv8FQms0c

Patricia recibía regularmente amenazas de muerte a través de diferentes vías. “Me llamaron para decirme que tenía una hora para irme, de lo contrario, matarían a mi hijo, a mi marido y a mí”, dice esta mujer que también tuvo que huir para salvar su propia vida y la de su familia. A finales de 2018, ya había un total de 95.400 hondureños en situación de refugiados y solicitantes de asilo alrededor del mundo, la mayoría en España, Canadá, Estados Unidos y México.

Un proyecto esperanzador

Con el fin de impulsar el desarrollo del empleo y afianzar la protección social en Honduras, a finales de septiembre de 2020 ACNUR presentó junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con el apoyo de la Unión Europea un proyecto regional que se sitúa dentro del Marco Integral de Respuesta a los Refugiados en México y América Central.

El plan tiene como objetivos generar nuevas oportunidades de empleo y garantizar una protección social integral a la población más vulnerable, lo que ayudará a reducir la desigualdad económica y a acabar con el trabajo precario. Se trata de una iniciativa destinada a que las personas desplazadas forzadas y aquellas que hayan retornado a Honduras y necesiten protección puedan mejorar sus condiciones de vida.

La Directora Regional de la OIT, Carmen Moreno, asegura que los trabajadores migrantes “contribuyen al crecimiento de los países de destino, y en sus países de origen con las remesas y competencias que adquieren cuando están fuera de su país”. Algo que ratifica Andrés Celis, representante de ACNUR en Honduras, quien destaca que la importancia de que OIT y ACNUR trabajen este programa en conjunto ya que permite “integrar dos miradas diferentes pero complementarias y necesarias para avanzar en la garantía de los derechos de las personas refugiadas, desplazadas o en riesgo de desplazamiento”.

ACNUR en Honduras está siempre alerta y disponible para brindar asistencia a todas aquellas personas cuyas vidas corren peligro, además de dar información sobre la solicitud de la condición de refugiado y apoyo permanente a través de sus socios locales.