Solicitante de asilo: ¿qué proceso debe seguir?

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El derecho de asilo es un derecho fundamental que se reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Con este post queremos explicarte en qué consiste, cómo se diferencia del asilo político y qué pasos debe seguir un solicitante de asilo.

¿Qué es el derecho de asilo?

El derecho de asilo consiste en la protección, el amparo y la asistencia que da un estado a aquellas personas que huyen de su país de origen por diferentes razones, por lo general, relacionadas con la violación de derechos humanos.

¿Qué es el asilo político?

El asilo político es aquel que se concede a una persona que ha huido de su país por su ideología política. Pueden ser jueces, abogados, sindicalistas, defensores de los derechos humanos o personas que han sido perseguidas por sus opiniones políticas.

En ocasiones se confunde el derecho de asilo con el asilo político, pero, como puedes ver, son diferentes.

¿Quién puede ser solicitante de asilo?

En España, el derecho de asilo se reconoce en el artículo 13 de la Constitución Española y se regula en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

Según la Ley reguladora del derecho de asilo, el asilo es la protección que se le da a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado. Para conocer la definición de refugiados, debemos acudir a la Convención de Ginebra de 1951 que define así el concepto de refugiado:

Toda persona que, “debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”.

Como consecuencia de lo anterior, cuando una persona pide asilo en un país se convierte en solicitante de asilo hasta que le reconozcan la condición de refugiado.

¿Qué derechos tiene en España un solicitante de asilo?

Una persona que solicita protección internacional en España mediante el asilo tiene una serie de derechos entre los que se pueden destacar los siguientes:

• Puede permanecer en España hasta que se dé una resolución a su solicitud de asilo.
• Se le debe documentar como un solicitante de asilo internacional.
• Tiene derecho a asistencia jurídica gratuita y a que se le facilite un intérprete en una lengua que pueda comprender.
• Su solicitud debe ser comunicada a ACNUR en España.
• Cualquier proceso de expulsión, devolución o extradición quedará en suspenso.
• Podrá conocer el contenido del expediente de solicitud de asilo en cualquier momento.
• Deberá recibir asistencia sanitaria y prestaciones sociales.

¿Qué pasos hay que seguir para presentar una solicitud de asilo en España?

En el plazo de un mes desde que entre en España, la persona interesada debe acudir personalmente o, en caso de imposibilidad física, por persona que lo represente, al puesto fronterizo, la oficina de asilo y refugio, la oficina de extranjeros, la comisaría de policía habilitada o el Centro de Internamiento de Extranjeros.

Antes de presentar la solicitud, se realizará una entrevista personal al solicitante para ayudarle a rellenarla. A continuación, se informa a ACNUR de la solicitud para que pueda intervenir o elaborar informes. Durante la tramitación de la solicitud, el solicitante de asilo tiene los derechos que hemos detallado en el apartado anterior.

Una vez presentada la solicitud, esta puede ser admitida a trámite o no. En el caso en que sea admitida, las autoridades españolas tiene entre tres y seis meses, dependiendo de los casos, para decidir si conceden o no el asilo. En caso de denegación, la resolución se puede recurrir.

Como ves, el derecho de asilo es fundamental para personas que se ven obligadas a huir de su país por temor a perder la vida y supone una serie de derechos derivados que deben ser protegidos por los países de acogida.