400.261
refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica en el mundo.
247.000
desplazados internos en Honduras.
71.500
desplazados internos en Salvador.
Las medidas para frenar el COVID-19 no han impedido a los grupos violentos en Honduras, El Salvador y Guatemala continuar con la extorsión, el tráfico de drogas, los asesinatos, las amenazas de muerte, las desapariciones y la violencia sexual y de género. La violencia en Centroamérica no se detiene.
Sin embargo, para las personas refugiadas y desplazadas, las restricciones de movimiento están siendo una traba a la hora de obtener la protección y la ayuda necesarias para huir de la violencia. Las medidas de confinamiento también han provocado que muchas personas desplazadas pierdan sus medios de vida. Con el cierre de empresas y la caída del empleo informal miles de familias se han quedado sin ingresos.
Esta compleja situación está empujando a muchas personas a recurrir a otros medios para sobrevivir, como el trabajo sexual, lo que pone en riesgo su salud y las expone aún más a sufrir la violencia y la explotación por parte de las pandillas.
“En cuarentena, estas personas son más vulnerables. La pandemia ha llegado justo cuando muchos estaban logrando rehacer sus vidas, dejándoles sin ingresos y sin redes de protección”.
Giovanni Bassu, Representante Regional de ACNUR para Centroamérica y Cuba.
Existen dificultades para acceder a agua potable o a servicios básicos como la atención médica.
A pesar de las restricciones, en los primeros tres meses del año, las solicitudes de asilo en México aumentaron en un 33 %, en comparación con el mismo período del año pasado. Las casi 17.800 nuevas solicitudes de asilo en 2020 fueron principalmente de ciudadanos de Honduras, Haití, Cuba, El Salvador y Venezuela.
Cuando finalice la cuarentena se espera un rápido aumento de los desplazamientos forzados en la región.
ACNUR está llevando ayuda humanitaria a los lugares donde la situación es crítica.
Además:
ACNUR apoya a las autoridades estatales para atender las necesidades de los desplazados internos y de las comunidades en riesgo, de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos en el Marco Integral Regional para la Protección y las Soluciones al desplazamiento forzado en Centroamérica (MIRPS).
El MIRPS es una aplicación concreta del Pacto Mundial sobre los Refugiados para fomentar la cooperación regional entre los países de origen, tránsito y destino en Centroamérica. El objetivo es compartir responsabilidad en materia de prevención, protección y soluciones duraderas. Está integrado por Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Salvador.
En El Salvador, el COVID-19 representa una amenaza adicional para los desplazados. En este país, el confinamiento está teniendo consecuencias especialmente graves para las personas desplazadas o que viven bajo la amenaza de pandillas y grupos criminales y no pueden huir.
Ruth es una salvadoreña de 26 años. Ha sufrido durante años el acoso de las pandillas en Salvador. Gracias al apoyo de ACNUR y sus socios, ella y su familia pudieron abrir una barbería. Con la llegada de la pandemia, tuvieron que cerrarla y se quedaron sin la única fuente de ingresos. Ahora, están en cuarentena desde el 21 de marzo, fecha en la que se impuso en El Salvador la obligación de quedarse en casa para contener la expansión de COVID-19.
"La barbería era la única fuente de ingresos para mí y mi familia. Ahora, estamos atravesando por un momento de gran estrechez económica. Nos cuesta mucho poner un plato de comida encima de la mesa. Toda nuestra comunidad está sufriendo. Compartimos alimentos con nuestros vecinos para que todos podamos mantenernos a flote", cuenta Ruth.
“Esta pandemia representa un reto humanitario sin precedentes. Las personas que han tenido que huir de la violencia están perdiendo sus medios de vida. Los trabajos que realizan se han visto especialmente afectados por la crisis, lo que les hace ser más vulnerables ante la violencia”.
Elisa Carlaccini, jefa de la Oficina del ACNUR en El Salvador.
El bebe de la foto se llama Josua. Ha nacido durante la cuarentena en Guatemala. Su madre, Rozaba, es una solicitante de asilo. ACNUR proporciona ayudas en efectivo a las familias vulnerables como la de Rozaba para el alquiler, alimentos, productos de higiene, material educativo y asistencia legal.
El personal de ACNUR se asegura de que los refugiados y solicitantes de asilo vulnerables no se aíslen y continúen recibiendo apoyo sanitario, económico y psicosocial. El personal de la Casa del Migrante, socio de ACNUR en terreno, está realizando visitas a domicilio para analizar la situación de los hogares.
En los últimos años, Guatemala se ha convertido en un país de destino y de origen para las personas que huyen de la violencia, las amenazas de las pandillas y la persecución en Centroamérica. Es un país de tránsito para quienes buscan refugio en México y los Estados Unidos.Hoy hay más de 1.200 refugiados y solicitantes de asilo registrados en el país.
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