Cómo respondió ACNUR a las crisis más devastadoras de 2025

Cada año, ACNUR, emite un informe que explica todas las emergencias en las que ha estado presente y las acciones que ha llevado a cabo en cada una de ellas. En 2025, ACNUR enfrentó de manera simultánea tanto emergencias nuevas como crisis prolongadas que afectaron a millones de personas que se vieron obligadas a huir. A pesar de una caída histórica en la financiación (casi un 28 % menos que en 2024), la organización gestionó 24 declaraciones de emergencia en 16 países, muchas de ellas clasificadas en el nivel más alto de gravedad.

Aunque algunos contextos registraron aumentos de retornos a mediados de 2025, muchos de ellos ocurrieron en condiciones difíciles y no cambiaron la tendencia creciente prevista. El informe subraya la urgencia de una solidaridad internacional reforzada para evitar que la capacidad de respuesta humanitaria siga deteriorándose ante un mundo con desplazamientos en constante crecimiento. Tanto es así, que las proyecciones mundiales indican que el número de desplazados forzosos, repatriados y apátridas podría alcanzar los 136,3 millones para finales de 2026.

Los recortes presupuestarios obligaron a ACNUR a reducir personal y operaciones en un momento de creciente necesidad humanitaria. Aun así, la organización mantuvo asistencia esencial en crisis prolongadas como Sudán, la República Democrática del Congo y Ucrania, y apoyó a poblaciones afectadas por violencia, retornos forzados y desastres en países como Afganistán, Myanmar y Colombia. Esto es lo que se ha hecho en estos países…

En 2025, Afganistán enfrentó una combinación de retornos masivos desde países vecinos, desastres naturales y restricciones impuestas por las autoridades de facto que agravaron las necesidades humanitarias. Más de 2,8 millones de afganos regresaron desde Irán y Pakistán. Además, varios terremotos mortales destruyeron miles de viviendas y afectaron a decenas de miles de personas. El deterioro de los derechos humanos, el colapso de los servicios públicos y las crecientes limitaciones al trabajo humanitario (como la prohibición de que las mujeres afganas trabajaran en instalaciones de la ONU), profundizaron la crisis de protección.

Ante esta situación, ACNUR mantuvo su presencia e intervino tanto dentro de Afganistán como en la región. Se proporcionó asistencia esencial a retornados, incluida registración biométrica, apoyo económico, distribución de artículos de socorro y servicios de protección para las comunidades afganas en Irán y Pakistán. Además, ACNUR respondió a los terremotos con suministros de emergencia y apoyo complementario en materia de protección y alojamiento. Sin embargo, la financiación disponible quedó muy por debajo de las necesidades (la operación en Afganistán solo alcanzó el 49 % del presupuesto requerido), lo que obligó a reducir servicios fundamentales y dejó sin acceso a protección a 3,3 millones de personas, entre ellas 1,6 millones de niños.

El conflicto entre ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) continuó arrasando en Sudán. En julio y agosto, la caída de El Fasher tras un prolongado asedio provocó desplazamientos masivos y denuncias de violencia extrema. Más de un millón de personas huyeron a países vecinos durante el año. El cólera agravó la situación, con más de 122.000 casos.

ACNUR desplegó protección, apoyo a sobrevivientes de violencia, refugios, agua tratada y asistencia en Darfur, Kordofán y estados vecinos. En Chad, 173.000 nuevos refugiados fueron reubicados en campamentos ya saturados. Sin embargo, con financiamiento entre el 24 % y el 37 %, enormes brechas persistieron: 55.000 familias quedaron sin refugio y miles sin acceso a instalaciones de agua y saneamiento.

Foto: © ACNUR/Andreas Floistrup.

En 2025, la violencia en el este de la RDC se intensificó, provocando más de 1,6 millones de nuevos desplazamientos internos y el éxodo de 218.000 personas hacia países vecinos. La presencia de numerosos grupos armados dejó a civiles expuestos a abusos y violencia sexual, mientras la destrucción de hogares, escuelas, centros de salud y tierras de cultivo agravó la crisis. A pesar de acuerdos bilaterales, los combates continuaron y dificultaron la respuesta humanitaria. Para fin de año, más de 5,3 millones de personas seguían desplazadas dentro del país.

ACNUR proporcionó ayuda financiera, refugios y artículos esenciales a cientos de miles de personas en la RDC, Burundi y Uganda, donde las llegadas masivas obligaron a abrir nuevos asentamientos. Sin embargo, con solo el 29-33 % de financiación disponible, miles de personas quedaron sin alojamiento ni servicios de protección, especialmente niños y mujeres sobrevivientes de violencia.

En 2025, Malí recibió una afluencia súbita de refugiados desde Burkina Faso -56.000 solo hacia Koro- debido al aumento de ataques de grupos armados. Los servicios locales colapsaron, y las necesidades de agua, salud, alimentos y refugio se dispararon. Al mismo tiempo, miles de malienses huyeron nuevamente a Mauritania por la violencia y la inseguridad.

ACNUR registró a 20.000 personas, distribuyó artículos esenciales y construyó refugios temporales, mientras que en Mauritania se apoyó a las familias recién llegadas. Aun así, con solo un 33 % de financiación, miles de niños quedaron sin escuela y decenas de miles de familias perdieron acceso a asistencia vital.

El 28 de marzo, un terremoto de magnitud 7,7 devastó el centro de Myanmar, causando más de 3.800 muertes y destruyendo infraestructura crítica, incluidas escuelas y hospitales. El desastre golpeó zonas ya afectadas por años de conflicto, dejando a 3,6 millones de personas desplazadas internas en un contexto de acceso humanitario muy restringido.

En respuesta, ACNUR prestó asistencia a más de 244.000 personas, proporcionando refugios de emergencia, artículos esenciales y transporte aéreo para el traslado urgente de suministros. La agencia también coordinó acciones de protección para mujeres, niños y personas con discapacidad. Sin embargo, con solo 35-41 % de financiación, más de 500.000 personas quedaron sin refugio ni apoyo para subsistir.

En 2025, la crisis humanitaria en Colombia se intensificó por el aumento del conflicto armado, el incremento del desplazamiento forzado y el confinamiento impuesto por grupos armados. Entre enero y octubre, más de 87.000 personas fueron desplazadas y 150.000 quedaron confinadas, especialmente en departamentos como Norte de Santander, Chocó, Cauca y Nariño. La región del Catatumbo sufrió el mayor impacto, con más de 114.000 desplazados y 17.800 personas sometidas a restricciones extremas de movimiento. Los niños y adolescentes resultaron particularmente afectados, enfrentando altos riesgos de reclutamiento forzado, falta de acceso a educación y graves consecuencias psicosociales. Para finales de 2025, casi 10 millones de personas estaban desplazadas forzosamente en el país.

Ante esto, ACNUR desplegó asistencia a gran escala en el Catatumbo, proporcionando información, apoyo jurídico, artículos de primera necesidad y espacios de protección infantil. También colaboró con autoridades locales en refugios temporales y acompañó procesos de seguimiento institucional y judicial relacionados con la crisis en la región. Sin embargo, la operación solo recibió el 27 % de los fondos necesarios, lo que obligó a cerrar la mayoría de los puntos de atención y dejó a decenas de miles de nuevos desplazados sin acceso a ayuda esencial.

En 2025 se reanudaron los combates entre el gobierno y la oposición en Sudán del Sur, causando ataques aéreos contra hospitales y nuevos desplazamientos: 326.000 personas dentro del país y 205.000 hacia países vecinos como Sudán, Uganda y Etiopía. La crisis se agravó por la llegada continua de personas huyendo de Sudán.

ACNUR ofreció artículos esenciales, refugio, control fronterizo y asistencia sanitaria, además de facilitar la reubicación de miles de personas en asentamientos de países vecinos como los de Nakivale y Bidibidi en Uganda. Con solo un 27-38 % de financiación, tres de cada cuatro espacios seguros para mujeres cerraron y varios centros de salud dejaron de operar, elevando los riesgos para la población.

En su cuarto año de guerra a gran escala, Ucrania sufrió ataques intensificados a infraestructuras energéticas, lo que generó apagones, escasez de agua y nuevas oleadas de desplazamiento. Aunque un millón de personas han retornado desde 2022, los ataques y la contaminación por minas dificultan los retornos seguros. A finales de 2025, 3,7 millones seguían desplazadas internamente.

ACNUR se centró en apoyo vital, alojamiento, ayuda financiera, suministro de energía y protección para más de un millón de personas. Entre ellas, 176.000 recibieron asistencia invernal para afrontar temperaturas extremas y cortes prolongados de electricidad. En Europa, la respuesta evolucionó hacia la inclusión socioeconómica. Aun así, los recortes obligaron a cerrar oficinas y reducir la ayuda financiera, dejando a cientos de miles de personas con menor acceso a servicios esenciales.

Tras la transformación política del país en diciembre de 2024, más de 1,2 millones de sirios regresaron desde el extranjero y 1,9 millones de desplazados internos volvieron a sus hogares. Aunque este retorno masivo ofrece esperanza, el país sigue devastado, con servicios básicos colapsados y persistente inseguridad. Más de 11,5 millones de sirios siguen desplazados dentro y fuera del país.

ACNUR apoyó retornos mediante ayuda financiera, reparaciones de vivienda, documentación y protección; atendió a más de 820.000 personas dentro de Siria y facilitó retornos desde Líbano y Jordania. Pero la financiación insuficiente forzó el cierre de casi la mitad de los centros comunitarios y dejó sin ayuda financiera a más de 400.000 refugiados en países vecinos, amenazando la sostenibilidad del proceso de recuperación.