Actualidad personas refugiadas

La Fundación Probitas y el Comité español del ACNUR han firmado un convenio de colaboración que permitirá ejecutar durante los años 2013 y 2014 el proyecto “Fortalecimiento de los servicios públicos de salud en la frontera norte de Ecuador”. Esta colaboración se enmarca el “Global Laboratory Initiative” (GLI), programa propio creado por la Fundación Probitas por el que ofrece el conocimiento y experiencia de la compañía Grifols en el área del diagnóstico permitiendo reforzar laboratorios clínicos básicos en zonas vulnerables para que enfermedades que son un problema de salud pública mundial (paludismo, tuberculosis y VIH/ SIDA, entre otras), así con algunas enfermedades crónicas cada vez más prevalentes, puedan ser diagnosticadas y tratadas correctamente. El acuerdo incluye inversión en materiales, infraestructuras y equipos así como asistencia técnica con el objetivo de transferir conocimientos tanto de técnicas de diagnóstico como de gestión de laboratorios en las unidades de salud seleccionadas. Los beneficiarios directos serán tanto la población ecuatoriana como las personas refugiadas de Colombia que residen en los cantones de Tarapoa y Puerto el Carmen (distrito sanitario 3 de Sucumbíos) y que suman más de 18.000 usuarios potenciales, e indirectamente, al resto de la habitantes de la provincia de Sucumbíos (cerca de 158.000 personas) gracias al apoyo que se brindará al Hospital General Provincial de Marco Vinicio Iza de Nueva Loja (Lago Agrio). Así mismo, el proyecto permitirá mejorar el acceso al sistema de salud de las comunidades de frontera del Rio Putumayo, en el cantón de Puerto el Carmen, mediante el refuerzo de las Brigadas fluviales de Salud Integral, así como el apoyo a procesos de promoción comunitaria de la salud. Estos mecanismos tienen el objetivo de mejorar la vinculación de los servicios de salud de la zona con las comunidades más aisladas y ampliar las acciones extramurales comunitarias de los servicios sanitarios. Ecuador tiene la mayor población de refugiados de América Latina, principalmente procedentes de Colombia. Hasta marzo de 2012, el estado ecuatoriano reconoció a 56.398 personas como refugiadas. El 60% de estas vive en áreas urbanas y el resto cerca de la frontera con Colombia, en regiones aisladas y poco desarrolladas, con limitado acceso a servicios básicos e infraestructuras.

El mayor número de casos y posibles contagios por hepatitis E se está produciendo en el campo de Yusuf Batil, en el estado de Alto Nilo, donde se han registrado ya 3.937 casos (casi un 70% del total de los campos), y 77 muertes. El campo acoge actualmente a 37.229 refugiados. En el campo de Jamam, también en el estado de Alto Nilo, se han registrado 1.320 casos y 25 muertes, y el de Gendrassa, 577 casos y tres fallecimientos. En el caso del campo de Doro, se han producido 58 casos hasta ahora y dos muertes. Más al oeste, en el estado de Unity, la situación es menos dramática. En el asentamiento de Yida se han registrado 125 casos o posibles contagios, así como 4 muertes entre una población de 65.541 personas, la mayor concentración de refugiados en Sudán del Sur. Y la pregunta clave es: ¿Cómo evitar su propagación? Mientras la enfermedad no tenga tratamiento y la OMS no apruebe una vacuna para la hepatitis E, el riesgo de contagio se puede reducir drásticamente con buenos hábitos higiénicos. Algo tan sencillo como lavarse las manos con jabón, beber agua potable, usar letrinas y evitar comer fruta y verdura no cocinada son gestos clave ya que la Hepatitis E es un virus que se transmite por el consumo de agua o alimentos. ACNUR está tomando medidas de emergencia para frenar este aumento de casos y ya ha montado el 70% de las 701 letrinas previstas en Yusuf Batil. En la región donde se ubica el campo de Doro, se ha completado ya el 65% de las letrinas en construcción (323) en las zonas más afectadas de los alrededores de las aldeas de Jumjum e Ingasana. Otras acciones incluyen la distribución de 168.000 pastillas de jabón en el campo de Yusuf Batil, más del doble de la media mensual de 250 gramos al mes por persona. También se está planificando reemplazar 22.000 bidones con capacidad para 10 litros, ya que pueden ser una fuente de infección si se rellenan con agua contaminada. Se han enviado 5.000 cubos a Yusuf Batil y se está excavando otro pozo complementario. Además, se está trabajando en la mejora del diagnóstico de enfermedades, la cloración del agua y una campaña intensiva de promoción de la salud y la higiene en los mercados, escuelas y a nivel familiar. Actualmente en Sudán del Sur hay 112.981 refugiados sudaneses en el estado de Alto Nilo y 67.233 en el estado de Unity, mientras que en Etiopía hay más de 40.000.

Esta misión es la primera a la zona desde que, a mediados de diciembre de 2012, la coalición rebelde seleka tomara las principales ciudades del norte y centro del país, entre ellas Bambari y Kanga Bandoro, donde ACNUR tiene oficinas. Los aldeanos con los que hablaron los equipos de ACNUR informaron de agresiones por parte de grupos armados que buscaban combustible, dinero y alimentos. Las visitas de estos grupos a menudo vienen acompañadas de violencia contra hombres y mujeres, a los que golpean a veces con cables eléctricos. Un jefe local explicó cómo fue azotado el 3 de febrero por rebeldes que querían que revelara dónde escondían sus posesiones los habitantes del pueblo. El campo de Pladama Ouaka, ubicado a 10 kilómetros de Bambari, donde viven unos 2.000 refugiados sudaneses, tampoco se ha librado de la violencia. Según nuestros trabajadores en terreno, las instalaciones comunitarias, el centro de distribución y los almacenes de una ONG socia han sido saqueados y se han llevado incluso las lámparas solares que se utilizaban para iluminar el campo. En Bambari también ha habido saqueos generalizados, incluido el de los almacenes de ACNUR. Se han robado lonas, mantas, jabón, mosquiteras, esteras, bidones, cubos de plástico, ropa, paneles y lámparas solares, para 3.000 refugiados y desplazados internos de la zona. Las oficinas de las agencias de Naciones Unidas, incluida la de ACNUR, así como las de ONGs internacionales, siguen siendo saqueadas y arrasadas. Algo similar ocurre en Kaga Bandoro. ACNUR estima que la pérdida de sus suministros y el daño a sus oficinas tanto en Kaga Bandoro como en Bambari superan los 316.000 dólares. El acceso de los trabajadores humanitarios en la República Centroafricana es muy limitado como resultado de la falta de garantías de seguridad tanto para el personal como para la población a la que se atiende. En este contexto sigue siendo difícil enviar ayuda a los refugiados y a los desplazados internos, así como llevar a cabo actividades de protección. ACNUR está pidiendo al gobierno y a los rebeldes seleka que permitan el acceso a los trabajadores humanitarios y a la población necesitada. Actualmente ACNUR estima que hay 80.000 desplazados internos en República Centroafricana y una población de 17.000 refugiados, en su mayoría de origen sudanés.