Actualidad Refugiados

En un comunicado hecho público en Bangui, dijo que estaba preocupado porque “cerca de medio millón de centroafricanos han sido desplazados por los combates y la violencia generalizada sólo desde diciembre. En total, 2,5 millones de personas necesitan ayuda desesperadamente”. Guterres añadió que “la limpieza étnico-religiosa masiva continúa” y que todo esto era aún más trágico teniendo en cuenta la tradición de coexistencia pacífica entre musulmanes y cristianos en el país durante siglos. El Alto Comisionado, que se encontró con desplazados musulmanes y cristianos en Bangui, así como con congoleños repatriados, líderes religiosos, altos cargos del gobierno, personal internacional de mantenimiento de la paz, diplomáticos y socios humanitarios durante su visita, pidió a la comunidad internacional que actúe urgentemente para ayudar a construir una paz duradera y estable en la República Centroafricana. “La República Centroafricana está quedando relegada de la atención internacional y no se puede permitir que esto ocurra. El país necesita la misma atención que se está poniendo en Siria y Sudán del Sur", dijo el Alto Comisionado, que pidió específicamente que aumente el número de tropas y policía en la capital, Bangui, y en otras zonas del país. El conflicto en RCA se agravó en diciembre de 2012, cuando la coalición rebelde seleka comenzó una lucha con el gobierno que acabó con la toma de la capital y la expulsión del presidente François Bozizé en marzo del año pasado. Meses de brutalidad contra los civiles se sucedieron antes de que estallara un conflicto a gran escala de nuevo en diciembre entre la mayoría predominante musulmana seleka y las milicias cristianas antibalaka. Este conflicto ha estado marcado por los ataques contra personas en función de su confesión religiosa, lo que ha provocado un desplazamiento masivo de población. Condenando los “asesinatos y masacres indiscriminados”, Guterres señaló que decenas de miles de personas están huyendo a países vecinos mientras que otras se encuentran atrapadas. También añadió que “la limpieza étnico-religiosa masiva continúa”. El Alto Comisionado declaró que el país necesita ayuda internacional porque, aunque se acaba de formar un gobierno, “todavía no puede proteger de forma efectiva a sus ciudadanos. Es esencial que se restablezca la seguridad, la ley y el orden”. En su comunicado y durante unas conversaciones mantenidas el martes con líderes cristianos y musulmanes, Guterres subrayó la importancia de restaurar la armonía. “Actuando de manera concertada, sobre todo con el apoyo de los líderes religiosos, todos los actores deben promover la mediación y allanar el camino para la restauración de la paz y una reconciliación sostenible”, destacó. ACNUR ha estado reforzando la colaboración con los líderes religiosos, que son clave para proteger a las poblaciones en riesgo y para combatir la intolerancia religiosa. Sin embargo, estos mismos líderes, o al menos muchos de ellos, están siendo amenazados por sus acciones. El martes, Guterres y el Ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian, inauguraron un refugio nocturno comunitario en el volátil distrito 5 de Bangui. Muchas personas de la zona se quedan en casa durante el día pero se sienten inseguros por la noche y buscan refugio en otros lugares. Este proyecto, ejecutado por ACNUR y su socio ACTED, permite a la gente quedarse en un espacio cercano a sus casas y seguro. “Tenemos mucho miedo de volver por la noche cuando oímos los disparos y los gritos. Pero al mismo tiempo, estamos cansados de vivir en estas terribles condiciones. Esperamos que este centro nos ayude a encontrar el camino a casa”, dijo un líder comunitario a los visitantes. Después Guterres visitó el gran asentamiento que surgió en diciembre en el aeropuerto de de Mpoko, en Bangui, donde ahora se estima que viven unas 100.000 personas. Casi la mitad de ellos provienen del distrito 5. El Alto Comisionado se encontró con las comunidades cristianas y musulmanas durante su visita antes de participar en la despedida de un grupo de refugiados congoleños que se repatriaban y que estaban esperando para cruzar el río Oubangui hacia la República Democrática del Congo. En el aeropuerto, la viuda Zainaba contaba que había llegado allí con sus cuatro hijos hacía 10 días después de un terrible sufrimiento. “He perdido todo: mi hogar, mi identidad. Mis niños duermen en el suelo”, explicó a Guterres. “Necesitamos su ayuda, necesitamos seguridad. Vivimos con miedo constante a ser asesinados”. El Alto Comisionado también se encontró con el personal de ACNUR y elogió a los trabajadores humanitarios por todo lo que han hecho en la República Centroafricana bajo circunstancias tan extremas. “Todos estamos afrontando una dramática escasez de fondos. Nuestros recursos están al límite y la capacidad para hacer más está siendo obstaculizada”, dijo, haciendo otro claro llamamiento a la comunidad de donantes para que aumenten su ayuda.

Jahina y su marido pertenecen a la etnia badjao, del sur de Filipinas, una zona azotada por conflictos durante décadas. En 1987 huyeron con sus seis hijos para encontrar un lugar más seguro en la ciudad de Isabel, al oeste de la provincia de Leyte. Construyeron una nueva casa en la aldea costera de Marvel con el beneplácito del dueño del terreno y de un político local. Durante años han estado integrados en su nueva aldea y ahora hablan la lengua local. Pero un desastre volvió a golpearles el 8 de noviembre del año pasado cuando el tifón Haiyán provocó una tormenta con olas de hasta 17 metros en la costa. Jahina se volvió a quedar sin hogar. Esta vez, incluso a sus nietos se los llevó la corriente. “Nos refugiamos en una iglesia cercana y tuvimos suerte de escapar de la cólera del tifón. Nuestra casa y nuestras posesiones no tuvieron tanta suerte”, dice. Después del tifón, la familia de Jahina salió de la iglesia para encontrarse su casa perdida para siempre. El dueño del terreno les prohibió volver y construir de nuevo su residencia, según la nueva norma del gobierno sobre “zonas de no construcción”. Esta ley prohíbe construir residencias a menos de 40 metros de la costa para evitar el impacto de futuros desastres. En total unos 300 indígenas badjao han sido desplazados de la misma tierra y han hecho frente a casos repetidos de desplazamiento forzoso primero por el conflicto y ahora por el tifón. Jahina, debilitada y traumatizada, ayudó a otros badjao a recoger escombros, hojas de coco y trozos de bambú que se habían llevado por delante las devastadoras olas y con ellos levantaron chozas sobre pilares a lo largo de la costa. “¿Queremos vivir justo a ras del agua? No. Pero ¿qué otra opción tenemos?”, dice ella, expresando su temor por la seguridad de su familia cuando haya otro tifón. Por ahora las lonas de plástico que les ha entregado ACNUR les ayudan a mantenerse secos y las lámparas solares iluminan sus noches sin descanso. Hasta la fecha ACNUR ha tenido acceso a casi medio millón de supervivientes del tifón Haiyán a los que ha entregado suministros vitales, incluyendo 45.000 lonas de plástico y 10.000 lámparas solares. La Agencia sigue asistiendo a los supervivientes más vulnerables, especialmente a indígenas como los badjao. “Lo que queremos es tener un terreno propio en Isabel para construir nuestras casas. No importa que seamos pobres, si podemos tener una casa segura de cara a futuros tifones seremos felices”, dice Jahina, una de los primeros badjao que se asentaron en la ciudad. La pesca es el principal medio de vida de los badjao, que han pedido a las autoridades locales que les ofrezcan tierras seguras ante los efectos de las fuertes tormentas pero a su vez no alejadas de zonas costeras. Esta comunidad indígena en Isabel se suma a los 4,1 millones de personas desplazadas por el tifón Haiyán en Filipinas. Aunque más de 20 tifones amenazan cada año a las más de 7.000 islas que tiene el país, no existe una ley nacional que defienda el bienestar de las personas desplazadas por tifones u otros desastres naturales, o por conflictos armados. A menudo, como es el caso de los badjao en Isabel, el desplazamiento se produce por una combinación de ambas circunstancias. En febrero de 2013 la Agencia de la ONU para los Refugiados elogió la legislación filipina por los pasos dados para adoptar una normativa en defensa del derecho a la protección y la asistencia para las personas desplazadas internamente (IDPs por sus siglas en inglés). Esta legislación, la primera de su tipo en la región de Asia y Pacífico, fue posteriormente vetada. Se han hecho nuevos esfuerzos por revivir ese proyecto de ley y devolver a Jahina y otras personas desplazadas la esperanza de que sus derechos serán respetados. Si se aprueba, la legislación dará derecho a los desplazados internos a protección y asistencia durante el desplazamiento, y garantizará su regreso en condiciones seguras, la reubicación y la integración. En Isabel, Jahina contempla a su nieta de dos meses, que nació pocos días antes de que les golpeara el tifón. Ella tiene esperanzas para la niña y cree que algún día, finalmente, la familia Lugasan encontrará un lugar al que poder llamar hogar.

Gracias a las generosas contribuciones de miles de personas en 2013, el Comité español de ACNUR ha enviado 1.513.018€ para la emergencia en Siria. De este total se han destinado 1.038.651,30€ a los programas y campos de refugiados en Jordania, Líbano, Turquía e Irak, y 474.366,94€ a los programas para desplazados internos dentro de Siria. El número de personas que se ha beneficiado de esta ayuda es de 678.150 personas, de las que más de la mitad son niños. Actualmente hay ya 2,4 millones de refugiados que han huido de la violencia en Siria, de los que 1,2 millones son niños y niñas. Además 6,5 millones de personas se han visto desplazadas dentro del país. A lo largo del 2013 el número de campos de refugiados ha pasado de 19 a 37, con 21 en Turquía, 12 en Irak y 3 en Jordania, donde se está instalando un cuarto con capacidad de acogida para 100.000 personas más. Líbano es el país que más refugiados sirios ha recibido en la región, con la capacidad de acogida de sus propias infraestructuras al límite del colapso (para su población de 4,4 millones de habitantes, acoger a cerca de un millón de refugiados es lo mismo que si un país de 47 millones de habitantes como España acogiera a 12 millones de personas). El 80% de estos refugiados han sido recibidos por las comunidades de los países de acogida con la consiguiente presión sobre sus infraestructuras sanitarias, educativas y urbanísticas. Por eso, los esfuerzos del equipo de respuesta a la emergencia se han volcado tanto en dar apoyo a estas comunidades de acogida, como en proporcionar las estructuras mínimas necesarias para el 20% restante (cerca de 400.000 personas más), que se encuentra en campos de refugiados gestionados por ACNUR. Además, la escala masiva y el ritmo de este éxodo de población ha obligado a ACNUR a redoblar sus esfuerzos en la primera y decisiva fase del trabajo humanitario: el registro de los recién llegados para su acceso a los servicios y bienes básicos. Se ha conseguido reducir el tiempo de espera a menos de 24 horas en los centros de tránsito y acogida en casi todos los países. Los fondos enviados por el Comité español de ACNUR se han destinado entre otros a: - Infraestructuras y artículos básicos de refugio (tiendas de campaña unifamiliares, lonas plásticas, mantas térmicas, colchonetas, pañales, bidones de agua, etc.) - Protección para el invierno (estufas y bombonas de gas) - Raciones de comida individuales y familiares - Asistencia sanitaria y saneamiento (vacunas, atención psico-social, letrinas, etc.) - Oficinas de registro A pesar de ello, y a punto de cumplir el tercer año de guerra, millones de personas siguen necesitando ayuda urgente. Todos tenemos una herida abierta en Siria, ayúdanos a cerrarla.