Asilo político: derechos y obligaciones de los solicitantes

Antes de hablar de asilo político, es importante hacer la distinción de este concepto del de asilo, ya que no significan lo mismo y, tal como veremos, el asilo político corresponde a una forma concreta del asilo en genérico.

Cuando se habla de asilo, el término se refiere a la asistencia, amparo y protección que brinda un Estado a cualquier persona que sufra persecuciones por motivos raciales, religiosos, de nacionalidad o por sus opiniones políticas. Dentro de este concepto entra el asilo político, pero es solo un segmento de un universo más amplio dentro de la figura del asilo.

En España se suele confundir un término con otro como consecuencia de los miles y miles de personas que huyeron tras el final de la Guerra Civil a diferentes países y tuvieron que pedir asilo político. En este caso, sí que se podía hablar de él dado que se trataba de personas perseguidas por motivos ideológicos o políticos. Pero, como hemos visto, las peticiones de asilo pueden ser por diferentes motivos.

Reconocimiento internacional del asilo político

Los primeros antecedentes del pedido de asilo datan desde la antigüedad, cuando los habitantes de determinadas regiones se veían obligados a huir por las guerras y a tener que vivir en otras regiones. Con la Reforma Protestante del siglo XVI y después de siglos de personas asiladas en monasterios e iglesias, perseguidas por diferentes gobiernos, el término tomó la connotación política que tiene en la actualidad.

En su artículo 14, la Declaración Universal de los Derechos Humanos asegura que “toda persona tiene derecho al asilo en cualquier país”. La Convención de Ginebra de 1951 establece que puede pedir asilo político cualquier persona que sea perseguida por sus creencias políticas y que se encuentre en otro país que no es el de su nacionalidad.

La misma convención extiende el concepto hacia otras formas de solicitud de asilo por motivos étnicos, religiosos o de nacionalidad. En definitiva, el asilo político es un derecho universal reconocido por las principales instituciones del mundo.

Derechos y obligaciones para el asilo político

La constitución española reconoce el derecho a asilo en su artículo 13. Cualquier persona que inicie un trámite de petición asilo en el país pasará a figurar como solicitante de asilo hasta que sea reconocida su condición de refugiado. En el caso del asilo político, la solicitud es la misma que se realiza para cualquier tipo de asilo, solo que en este caso se tendrán en cuenta las causas políticas que causaron la solicitud.

Mientras se tramita el pedido, el solicitante tiene derecho a vivir en España y a tener el documento que lo avale como solicitante de asilo político. También se le debe habilitar asistencia jurídica y, en caso de que no domine la lengua local, un intérprete. Puede también acceder a prestaciones sociales y asistencia sanitaria. Todas las solicitudes en España se notifican a ACNUR y, mientras dure la tramitación, no se admiten procesos de devolución o extradición para esa persona.

Existen varias entidades donde se puede tramitar la solicitud de asilo político en España: los puertos fronterizos españoles tanto en aeropuertos internacionales como en puertos marítimos, la Oficina de Asilo y Refugio (perteneciente al Ministerio del Interior), las oficinas de extranjería o las comisarías de policía autorizadas.