El continente sudamericano está conformado por doce países: Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Ecuador. En mayor o menor grado, cada uno se...
El continente sudamericano está conformado por doce países: Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Ecuador. En mayor o menor grado, cada uno se encuentra actualmente afectado por dos grandes crisis que atraviesan a todos los países sudamericanos: las personas refugiadas y desplazadas de Venezuela y la pandemia causada por el COVID-19.
Y es inevitable que ambas crisis guarden íntima relación, sobre todo teniendo en cuenta que la población refugiada en todo el mundo es una de las más vulnerables con respecto al coronavirus. Por lo que la respuesta inmediata de ACNUR y sus socios locales, junto con la acción de los gobiernos de cada país, se han hecho más necesarias que nunca.
Todos los países sudamericanos cuentan con población refugiada o desplazada que necesita de atención y asistencia urgente en medio de la pandemia, teniendo en cuenta que se trata de una de las poblaciones con mayor riesgo de estar afectada por el COVID-19. De esta manera, ACNUR mantiene sus operaciones de asistencia humanitaria en la región, redoblando los esfuerzos en plena pandemia.
En Colombia, por ejemplo, las comunidades de apoyo a los refugiados y desplazados en Riohacha, La Guajira, Urabá o Medellín recibieron materiales sanitarios y alimentos, en muchos casos con la ayuda de las autoridades locales que trabajan de cerca junto a ACNUR para asegurar a las personas refugiadas y desplazadas las más dignas condiciones de vida y el soporte necesario para evitar los contagios.
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En Boa Vista, Brasil, ACNUR ha asegurado el suministro de 1.200 camas de hospital, 1.000 espacios de aislamiento, 1.000 colchones, kits de higiene y 200 unidades habitacionales. Mientras que, en Arica, al norte de Chile, ACNUR junto a sus socios locales han entregado kits de aseo para la población refugiada.
Las autoridades locales de muchos países sudamericanos han generado iniciativas para proteger a los refugiados, siempre con el apoyo decidido de ACNUR. Por ejemplo, instalación de unidades de atención médica en Imbabura, en Ecuador, para asistir a la población más desfavorecida y el reparto de alimentos en Perú para las familias venezolanas que residen allí tras haber huido de su país.
Si bien es verdad que el impacto de la pandemia causada por COVID-19 en los países sudamericanos ha sido mucho menor si lo comparamos con el sur de Europa, China o Estados Unidos, el creciente número de casos en Brasil y en Ecuador aumenta la preocupación y se espera un crecimiento sostenido de contagios con el paso de los meses. Por eso que toda esta preparación es fundamental para evitar un impacto mucho mayor en el caso de que aumente la curva de contagios en los países sudamericanos.
La emergencia en Venezuela es, sin lugar a dudas, la crisis humanitaria más grave que vive actualmente no solo Venezuela sino el resto de países sudamericanos, ya que en mayor o menor medida los afecta a todos porque los estados deben ser capaces de atender a cientos de miles de hombres, mujeres y niños que escapan de su país para obtener mejores condiciones de vida.
Un reciente informe de ACNUR arroja el dato de que hasta el 5 de marzo de 2020 había 4,9 millones de refugiados y migrantes de Venezuela en el exterior, de los cuales 4,1 millones viven en diferentes países de América Latina y el Caribe.
Refugiados venezolanos
Actualmente Brasil es el país que mayor cantidad de refugiados venezolanos ha reconocido en todo el mundo, con un total de 37.000 personas procedentes de Venezuela que ya gozan de este reconocimiento. Pero es en Colombia donde residen la mayor parte de los venezolanos que se han ido de su país y se estima que hay alrededor de 2 millones viviendo actualmente en territorio colombiano. Pero este país limítrofe con Venezuela también tiene su propia crisis.
Un informe de ACNUR establece que el ataque armado del denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) perpetrado del 14 al 17 de febrero de este año afectó a comunidades de la costa del Pacífico, sobre todo en la localidad de Catatumbo (Norte de Santander), donde los enfrentamientos desembocaron en asesinatos selectivos, gente confinada, desplazamientos grupales y restricciones en el acceso a la comida, servicios médicos y educación. Según el mismo informe, hacia fines de febrero habían sido asesinados 54 líderes sociales y en 2019 se registró un total de 89.744 personas desplazadas y de 66.720 refugiados colombianos viviendo en Ecuador.