Vivían en el estado de Falcón, en el norte de Venezuela. Tenían tres hijos y una vida relativamente tranquila hasta que en 2015, cuando la emergencia en Venezuela...
Vivían en el estado de Falcón, en el norte de Venezuela. Tenían tres hijos y una vida relativamente tranquila hasta que en 2015, cuando la emergencia en Venezuela empeoró y la inseguridad se apoderó definitivamente del país, Rebeca y Rafael empezaron a sufrir agresiones y amenazas a raíz del intento de desalojo de su casa con títulos falsos de propiedad. En 2017, un grupo de desconocidos entró al domicilio de la familia y el portón de entrada de la casa aplastó a Rafael, dejándolo en silla de ruedas.
No les quedó más remedio que huir de su propio país y hoy viven en Quito (Ecuador), donde pudieron rehacer su vida. “Hemos recibido mucho apoyo en Ecuador; ahora necesitamos un crédito para emprendimiento. Es muchísimo lo que podemos contribuir a la sociedad ecuatoriana con nuestro trabajo”, dice Rafael.
“Nosotros hemos recibido comida en los momentos difíciles, hemos hecho cola para recibir pan – todavía la hacemos. Pero queremos salir adelante y hacer nuestra vida en grande acá en Argentina, porque tenemos un compromiso muy grande con este país”, dice Fidelina, una solicitante de asilo venezolana que actualmente reside en Buenos Aires y que tuvo que irse de su país a causa de la creciente violencia y de la imposibilidad de acceder a alimentos básicos.
Estos son dos casos concretos de los cientos de miles de personas que han tenido que huir por la situación en Venezuela. Según el último informe de ACNUR para esa región, hay 4,8 millones de refugiados y migrantes venezolanos que han abandonado su país, de los cuales 3,9 millones se encuentran en diferentes países de la zona del Caribe y en países de América Latina.
Meses antes de conocerse estas cifras, el Representante Especial conjunto de ACNUR y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) para los refugiados y migrantes venezolanos, Eduardo Stein, había alertado sobre “la necesidad urgente de apoyar a las comunidades de acogida en los países receptores”. El deterioro de la situación política, económica y de derechos humanos en Venezuela continúa, por lo que el apoyo internacional es más necesario que nunca.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) desarrollan durante este año un Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2020. Se trata de una medida que busca dar solución a las necesidades humanitarias de los venezolanos y venezolanas que han tenido que huir de su país.
A través del objetivo de recaudar 1.350 millones de dólares, el plan prevé su implementación con la intervención de 137 organizaciones que funcionan en 17 países de acogida, siempre bajo la coordinación de ACNUR y de la OIM. El dinero recaudado se repartirá en diferentes áreas que son prioritarias, teniendo en cuenta las necesidades de las personas refugiadas y migrantes por la situación en Venezuela: nutrición, integración, salud, educación, seguridad alimentaria, protección, agua, higiene y otras.
Uno de los objetivos principales en los que se basa la ayuda a los refugiados y migrantes de Venezuela es que todos puedan integrarse en la nueva sociedad en la que viven de la mejor manera posible. Muchos ya lo han hecho, pero hay miles de personas que necesitan ayuda de manera urgente para poder lograrlo.
De esta manera, se busca dar solución con una estrategia integral para que los afectados por la diáspora venezolana, que cada vez es más numerosa, puedan tener las mejores condiciones de vida en sus países de acogida. Miles de personas tuvieron que huir del país a causa de la inestabilidad política, la violencia y la crisis económica, una situación que fue empeorando desde el año 2012 en un país que fue uno de los más ricos de América Latina, sobre todo por la exportación de petróleo. El desplome de su economía hizo que la situación en Venezuela se volviese insostenible para muchas personas que han tenido que huir por temor a perder su vida o por no poder acceder a alimentos de primera necesidad o medicinas.