Reflexiones y aprendizajes sobre el impacto de la COVID-19 en la población refugiada

Durante el último año, la población desplazada ha tenido dificultades para acceder a derechos básicos como la educación, la salud, el asilo o la vivienda.

Al principio de la pandemia, millones de personas desplazadas en el mundo carecían de lo más importante para evitar la propagación del virus: agua, jabón y refugio. Muchas viven en campos densamente poblados, donde ha sido y está siendo muy difícil cumplir con las medidas de distanciamiento social.

Agua, jabón e instalaciones de lavado

En los países menos desarrollados, algunos de los cuales acogen a una gran cantidad de personas desplazadas, casi tres cuartas partes de la población no tienen acceso a jabón ni a instalaciones para lavarse. Muchas personas no han podido acceder a un bien tan básico como el agua en cantidades suficientes para llevar una vida digna o para protegerse del virus a través de un lavado de manos frecuente.

Durante la pandemia, ACNUR ha estado trabajando para asegurar que todas las personas tuviesen acceso a jabón y agua y ha incrementado el número de estaciones para el lavado de manos.

Salud

El 85 % de los desplazados forzados vive en países en desarrollo con sistemas de salud débiles. Muchos están en albergues urbanos, asentamientos o campamentos masificados y con infraestructuras sanitarias insuficientes, en los que es preciso hacer cola para utilizar letrinas comunes o conseguir agua.

En algunos de estos países la capacidad para realizar test, aislar y tratar a las personas con síntomas de COVID-19 es limitada y resulta difícil llevar a cabo sistemas de rastreo eficaces. La escasez de medicamentos y de personal sanitario cualificado también ha sido un problema para tratar y para contener el virus en algunas regiones.

Muchos refugiados no tienen empleo y, por lo tanto, no cuentan con los recursos económicos necesarios para tener acceso a los servicios de salud.

La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de incluir a las personas refugiadas y desplazadas en los planes nacionales de salud.

Educación

La pandemia ha afectado a más de 1.600 millones de estudiantes en el mundo, incluidos millones de jóvenes desplazados. Muchos niños y niñas refugiados no han podido continuar con su educación durante la pandemia por carecer de teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles, acceso a internet o aparatos de radio. Todo esto ha tenido un impacto directo en la capacidad de aprendizaje de los niños.

A pesar de todas las dificultades, muchos jóvenes refugiados han agudizado el ingenio para poder continuar con su formación. En el campamento de Dadaab, en Kenia, una profesora refugiada somalí ha impartido las lecciones por radio. En Bolivia, ACNUR y sus socios ha puesto en marcha un aula móvil para los niños venezolanos que viven en albergues. Los profesores del campamento de refugiados de Inke, en la República Democrática del Congo, han dado sus clases al aire libre para poder mantener la distancia de seguridad entre los estudiantes. En Egipto, el plan educativo ha sido adaptado para poder llevarse a cabo de manera telemática.

ACNUR, los gobiernos y sus socios han estado trabajando para cubrir las carencias y garantizar la continuidad de la educación de las personas desplazadas durante la pandemia a través de la enseñanza digital, la televisión y la radio.

“La educación es un salvavidas para toda la niñez, y especialmente para aquellos que se han visto obligados a huir de la violencia y la persecución”, ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi.

Asilo

El cierre de fronteras ha reducido la capacidad de ejercer el derecho al asilo de las personas que se ven obligadas a huir de sus hogares. Los refugiados y solicitantes de asilo se han enfrentado a un riesgo aún mayor de detención, discriminación y devolución. Algunos han tenido que regresar a su lugar de origen, a pesar de no ser seguro.

168 países cerraron total o parcialmente sus fronteras, y alrededor de 90 no hicieron ninguna excepción para los solicitantes de asilo.

Las restricciones de movimiento han sido parte de las medidas de los Estados para combatir la propagación del virus. Sin embargo, muchos países han demostrado que es posible mantener el acceso a los procedimientos de asilo y protección a pesar de las restricciones.

Con menos oportunidades de reasentamiento y repatriación voluntaria, ACNUR considera que hoy es más necesario que nunca incluir a los refugiados en la vida de sus países de acogida, en sus servicios sociales, sistemas educativos y sanitarios y mercados laborales.

“La COVID-19 nos ha dado confianza en las tecnologías digitales. Han demostrado tener un gran éxito en la promoción del acceso remoto a los sistemas de asilo y los servicios de referencia y asesoramiento”, ha dicho Gillian Triggs, Alta Comisionada Auxiliar para la Protección de ACNUR. “No habrá vuelta atrás. En ACNUR esperamos desarrollar estas tecnologías, ampliarlas y proporcionar una cobertura y una protección internacional más eficaz”, concluye.

La pandemia de COVID-19 pone de manifiesto la necesidad de incluir a las personas refugiadas y desplazadas en los planes nacionales de salud, de educación y en los mercados laborales de los países de acogida.

Según Gillian Triggs, debemos trabajar por un futuro de inclusión y de responsabilidad compartida, donde los derechos sociales y económicos puedan ser disfrutados por todos los desplazados forzosos en todo el mundo.

Discriminación y xenofobia

En marzo de 2020, Michelle Bachelet y Filippo Grandi, Altos Comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y para los Refugiados, respectivamente, expresaron su preocupación por la proliferación del racismo y la xenofobia relacionados con la COVID-19.

El lenguaje de odio aumenta el riesgo de que los refugiados se enfrenten a restricciones de movimiento que les nieguen el acceso a la atención médica y otros servicios esenciales.

En todo el mundo, los refugiados han estado apoyando la lucha contra la pandemia de COVID-19, trabajando como médicos, enfermeros y personal de apoyo. Han fabricado jabón, mascarillas y equipos de protección personal. Y están creando conciencia, comunicando, informando y apoyando a otras personas en situación de vulnerabilidad.

Moheyman Alkhatavi tiene 24 años. Este enfermero iraquí trabaja en el Hospital Taleghani en Abadán, al sudoeste de Irán. Obtuvo su título de Enfermería gracias a una beca de ACNUR. Ha trabajado sin descanso desde que se declaró la pandemia de COVID-19 para ayudar a los iraníes y a otros refugiados.

Jayathma Wickramanayake, Enviada del Secretario General de la ONU para la Juventud, destacó que las organizaciones dirigidas por personas refugiadas, en particular las lideradas por jóvenes, han estado en la primera línea en la respuesta a la pandemia, llenando un vacío que se generó cuando los trabajadores humanitarios ya no podían visitar a las comunidades.

La COVID-19 nos ha enseñado que las emergencias que nos afectan a todos deben ser abordadas de manera global. El cambio climático, como el coronavirus, traspasa fronteras y amenaza la vida de millones de personas en todo el mundo. En 2020, los desastres naturales provocaron 30,7 millones de nuevos desplazamientos. Las personas refugiadas y desplazadas se encuentran entre las más vulnerables tanto a la enfermedad como a los efectos del cambio climático.

Los gobiernos de todo el mundo han reaccionado con rapidez ante la emergencia sanitaria. Es necesario adoptar urgentemente medidas contundentes para abordar la crisis climática. Por eso, en el Comité español de ACNUR acabamos de lanzar una campaña de firmas para exigir a los gobiernos que actúen ya contra el cambio climático.