Actualidad Refugiados

Esta misión es la primera a la zona desde que, a mediados de diciembre de 2012, la coalición rebelde seleka tomara las principales ciudades del norte y centro del país, entre ellas Bambari y Kanga Bandoro, donde ACNUR tiene oficinas. Los aldeanos con los que hablaron los equipos de ACNUR informaron de agresiones por parte de grupos armados que buscaban combustible, dinero y alimentos. Las visitas de estos grupos a menudo vienen acompañadas de violencia contra hombres y mujeres, a los que golpean a veces con cables eléctricos. Un jefe local explicó cómo fue azotado el 3 de febrero por rebeldes que querían que revelara dónde escondían sus posesiones los habitantes del pueblo. El campo de Pladama Ouaka, ubicado a 10 kilómetros de Bambari, donde viven unos 2.000 refugiados sudaneses, tampoco se ha librado de la violencia. Según nuestros trabajadores en terreno, las instalaciones comunitarias, el centro de distribución y los almacenes de una ONG socia han sido saqueados y se han llevado incluso las lámparas solares que se utilizaban para iluminar el campo. En Bambari también ha habido saqueos generalizados, incluido el de los almacenes de ACNUR. Se han robado lonas, mantas, jabón, mosquiteras, esteras, bidones, cubos de plástico, ropa, paneles y lámparas solares, para 3.000 refugiados y desplazados internos de la zona. Las oficinas de las agencias de Naciones Unidas, incluida la de ACNUR, así como las de ONGs internacionales, siguen siendo saqueadas y arrasadas. Algo similar ocurre en Kaga Bandoro. ACNUR estima que la pérdida de sus suministros y el daño a sus oficinas tanto en Kaga Bandoro como en Bambari superan los 316.000 dólares. El acceso de los trabajadores humanitarios en la República Centroafricana es muy limitado como resultado de la falta de garantías de seguridad tanto para el personal como para la población a la que se atiende. En este contexto sigue siendo difícil enviar ayuda a los refugiados y a los desplazados internos, así como llevar a cabo actividades de protección. ACNUR está pidiendo al gobierno y a los rebeldes seleka que permitan el acceso a los trabajadores humanitarios y a la población necesitada. Actualmente ACNUR estima que hay 80.000 desplazados internos en República Centroafricana y una población de 17.000 refugiados, en su mayoría de origen sudanés.

El convoy de siete camiones que llevaba 1.000 tiendas y 15.000 mantas, viajó desde Latakia y Damasco hasta la región de Bab al-Hawa, cerca de la frontera con Turquía, donde la ayuda se ha distribuido. “Son operaciones muy complejas y no exentas de riesgos, pero las necesidades de la población civil desplazadas en estas regiones precisan acción urgente” dijo el Alto Comisionado, António Guterres. “El imperativo moral de ayudar está claro”. ACNUR envió otro convoy a la zona norte de Siria a finales de enero, el primero de este tipo, que incluyó el transporte de 2.000 tiendas, 15.000 mantas desde Latakia, en la costa siria, hasta A’zaz, también cerca de la frontera con Turquía. En los países vecinos el número de refugiados continúa creciendo con 814.677 sirios registrados o pendientes de registro en estos momentos. Esta cifra incluye 273.908 en Líbano; 252.706 en Jordania; 177.387 en Turquía; 88.143 en Irak; 16.195 en Egipto y 6.338 en países del Norte de África. Desde el comienzo de la operación en 2013 el número de refugiados registrados con ACNUR o los que solicitan serlo, ha ido incrementándose a un ritmo de más de 5.000 personas por día.

El mandato de protección de ACNUR exige no sólo ayudar a estas mujeres y niñas que han sufrido esta práctica sino también evitar que ocurra en el futuro para asegurar el derecho de las niñas y de las mujeres a la salud, la seguridad y la integridad física, y sobre todo, su derecho a la vida, porque la mutilación genital femenina puede ser letal. Además, uno de los países más afectados por esta práctica es Somalia y los somalíes constituyen el tercer mayor grupo de refugiados en el mundo (tras afganos e iraquíes). ACNUR calcula que el 97% de las niñas menores de 8 años en el campo de refugiados de Dadaab, Kenia, han sufrido mutilación genital femenina. Por ello, es también una prioridad. Francesca Bonelli, responsable de servicios comunitarios de ACNUR en el campo de refugiados de Dadaab asegura: “La mutilación genital femenina es un práctica muy enraizada así que es un gran reto que tratamos de trabajar con la comunidad para respetar la cultura e informar de los efectos negativos de la ablación sobre todo sobre la salud pero también porque es una violación de los derechos de la mujer. Pero hay que ir muy despacio porque es algo muy sensible, en la religión somalí es considerado como una práctica religiosa así que tenemos que trabajar con los líderes del campo para convencerles de que no es una tradición musulmana sino un hábito que no es beneficioso ni para la mujer ni para toda la familia”, añade Bonelli. En Chad, en el campo de Djabal, ACNUR identifica a las mujeres embarazadas que han sufrido mutilación genital femenina para evitar complicaciones durante el parto. “Cerca del 10% de nuestras pacientes lo han sufrido y esto nos ayuda a identificar embarazos de riesgo”, asegura Nassourou Drassadou, directora de salud del campo de Djabal. Por su parte, las familias están también cada vez más convencidas de que hay que erradicar esta práctica: “He decidido no casarme otra vez y he tomado la decisión de no circuncidar a mis hijas para que no experimenten los mismos problemas que yo tengo… cuando tomas esta decisión no te puedes echar atrás”, afirma una refugiada somalí en Dadaab.