Entre todos los graves daños que ha provocado la guerra en Afganistán, uno de los más pronunciados es la imposibilidad de miles de personas de acceder a...
Entre todos los graves daños que ha provocado la guerra en Afganistán, uno de los más pronunciados es la imposibilidad de miles de personas de acceder a la educación, sobre todo las mujeres y las niñas afganas. ACNUR continúa pidiendo un compromiso internacional de organismos y gobiernos para paliar la difícil situación que viven miles y miles de mujeres refugiadas y desplazadas internas.
“Ahora más que nunca, debemos apoyar a las personas afganas desplazadas que han soportado el costo de años de conflicto y asegurarles que no han sido olvidados”, dice Indrika Ratwatte, Director de la Oficina de ACNUR para Asia y el Pacífico, y asegura que es fundamental el apoyo internacional a los países que acogen a personas afganas refugiadas.
Si bien la situación se ha agravado en estos últimos meses con la vuelta de los talibanes al poder, la situación de la falta de acceso a la educación de las mujeres afganas viene de larga data y es una consecuencia recurrente de cuatro décadas de guerra en el país. Los grupos extremistas siempre han buscado mantener el poder a través de la violencia indiscriminada contra la mujer, con casos de abusos sexuales, matrimonios forzados y la prohibición de acceder al sistema educativo.
La devastación de Afganistán ha generado que muchas mujeres, niños y niñas vivan en la calle, teniendo que recurrir a la mendicidad o a la venta ambulante o limpieza de coches para sobrevivir.
ACNUR junto con su socio Social Volunteer Foundation (SFV), con sede en Kabul, iniciaron en 2001 un proyecto destinado a ayudar a que niñas y niños de la calle tengan un futuro, ofreciéndoles formación profesional y clases de alfabetización y dándoles la posibilidad de contar con salidas laborales a través de la educación, con clases de estética, dibujo, costura o floristería.
Niñas como Aqila y Khatera han podido acceder a este tipo de educación, la primera con el sueño de montar su propio salón de belleza y la segunda recibiendo formación en costura. Para miles de niñas y mujeres como ellas, la única posibilidad de acceder a algún tipo de educación es a través de los cursos que dan organizaciones como SVF con el apoyo de ACNUR.
Pese a que el acceso a la educación está considerado como uno de los derechos humanos fundamentales, hoy en día son millones las mujeres y las niñas refugiadas que se ven imposibilitadas para acceder a este derecho.
De acuerdo con datos de UNESCO, si todas las niñas refugiadas terminaran la escuela primaria, se podría reducir en un 14% el matrimonio infantil, mientras que si todas también culminaran la educación secundaria, la cifra caería en un 64%. Esto demuestra que la educación es una de las herramientas principales con la que las mujeres y las niñas cuentan para defenderse de todas las formas de acoso y de violencia a las que se ven permanentemente amenazadas. La educación empodera y ratifica los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, las protege y las vuelve menos vulnerables y les da beneficios para el desarrollo de su futuro y el de sus familias.
Conoce el caso de Asma Rabi, refugiada afgana investigadora.
La pandemia de COVID-19 hizo estragos en muchos aspectos sociales de la vida de millones de refugiados y refugiadas, incluido en el ámbito de la educación.
En el Informe sobre Educación de ACNUR para el año 2021, con datos recabados en 40 países, se establece que la tasa bruta de matriculación de personas refugiadas en educación secundaria durante el curso 2019-2020 fue solo del 34%. En la mayoría de los países, la tasa está por debajo de la de los niños y niñas nacidos en las comunidades de acogida.
La niñez refugiada es la más perjudicada al momento de la imposibilidad de acceder a los sistemas educativos nacionales. El informe de ACNUR establece que el 48 % de los niños y niñas refugiados en edad escolar no están escolarizados, por lo que se hace un llamamiento a los organismos internacionales y los gobiernos responsables para que garanticen que todas las personas refugiadas puedan matricularse en la escuela bajo las mismas condiciones que las personas nacionales y para que sean incluidas en los sistemas y planes de educación nacional.