Guatemala, entre el refugio y el riesgo

“La zona donde yo vivía era muy peligrosa, había mucha pandilla. Antes de que me llegara a pasar algo peor, decidí dejar mi país”, dice Rosmery, solicitante de asilo en Guatemala, donde trabaja de auxiliar de cocina en un restaurante de la zona de Petén, que en los últimos años se ha convertido en un importante foco turístico en el país.

A través del proyecto TURI-INTEGRA, muchas personas que han huido de los conflictos armados en Centroamérica han encontrado en Guatemala una oportunidad para rehacer su vida. Se trata de una iniciativa llevada a cabo por el gobierno del país y parte del sector privado, a través de la cual se brinda capacitación y la oportunidad de un trabajo digno a refugiadas y refugiados en Guatemala.

“La decisión de cambiar de lugar da muchos sentimientos encontrados”, dice Isabel. “Dejar todo lo que uno ama por salvar lo que uno ama más. Ya no se trataba de salvar solo bienes materiales, se trataba de proteger la integridad física de la familia”. Ella también ha podido empezar de nuevo gracias a esta iniciativa tras huir de la violencia de Honduras, que se llevó a uno de sus tres hijos en un asesinato. Ahora hornea panes y postres en un restaurante de Flores, una isla situada en el lago Petén Itzá.

Hay muchos más casos como los de Rosmery e Isabel de personas refugiadas en Guatemala que gracias al acceso a un trabajo digno han encontrado una nueva oportunidad, no solo de seguir con su vida tras el trauma de la huida sino también de hacer un aporte a su comunidad de acogida. Josué integra un grupo de nueve personas refugiadas y solicitantes de asilo que trabajan como guardarecursos en parques nacionales en Guatemala. “Dejar Honduras fue difícil para mí, pero era cuestión de vida o muerte”, dice este muchacho que ahora se encarga de mantener los caminos para que puedan ser transitables, así como también de hacer monitoreos para proteger la fauna y la flora del país.

La acogida y el riesgo

De todos los países centroamericanos que hoy se encuentran entre varios focos de violencia, Guatemala se va convirtiendo, poco a poco, en el destino principal de aquellas personas que huyen de las persecuciones y de otros tipos de violencia.

Hasta abril de este año, había 1.185 personas refugiadas y solicitantes de asilo en Guatemala, pero la llegada de la pandemia de COVID-19 trajo las consiguientes restricciones a la movilidad y el cierre parcial de fronteras impuesto por el gobierno. Y todas estas personas necesitadas de protección internacional quedaron con mayor riesgo de desempleo, persecuciones y estigmas, de manera tal que ACNUR y sus socios locales han reforzado sus operaciones en el país para dar apoyo tanto a los solicitantes de asilo y refugiados, así como también a aquellos que han regresado a su país de origen.

De esta manera, se incrementó la asistencia humanitaria de kits de higiene y comida, además de una campaña de comunicación de las medidas impuestas por el gobierno guatemalteco y de prevención sanitaria durante la pandemia.

De acuerdo con datos de ACNUR, los homicidios y las actividades de las pandillas en Guatemala se han incrementado durante la pandemia. Los sucesos violentos han obligado, por ejemplo, a que unas cuarenta familias indígenas tuvieran que abandonar su hogar después de que un grupo violento incendiara sus residencias.

Mientras tanto, ACNUR continúa con su trabajo en este país centroamericano, formando voluntarios, asistiendo a los grupos más desfavorecidos y avanzando el programa de Arreglo de Atención Temporal, a través del cual se busca fortalecer la inclusión de refugiados y niños solicitantes de asilo en el sistema nacional de protección infantil.

Los problemas en Centroamérica

Durante los últimos años, la cantidad de personas que escapan de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras ha crecido de manera considerable. Abusos sexuales, desempleo, hambre, amenazas de muerte, persecuciones y otras formas de violencia en Centroamérica son las principales causas de diáspora.

Según informes de ACNUR, los desplazamientos comenzaron de manera masiva en 2018 y se realizan a través de rutas poco seguras y muy peligrosas, en muchos casos con la mediación de contrabandistas que facilitan el acceso, por ejemplo, a Guatemala. 

De acuerdo con la última encuesta de ACNUR con la que se diagnostica el estado de las personas que se ven envueltas en estos movimientos mixtos en el norte de Centroamérica, una de cada cinco de ellas presentan necesidades muy específicas y que provienen de discapacidades varias, enfermedades crónicas o embarazo. La misma encuesta arroja otro dato inquietante: el 15% son niños, niñas y adolescentes sin familia (el 11% menores no acompañados y el 4% separados de sus padres durante la huida).